@onelortiz
https://youtu.be/Vp32kihjbZk?si=SthlURRLwOszemud
El calendario oficial establece que el proceso electoral federal de 2027 iniciará en octubre de este año, con precampañas en los primeros meses del año y campañas formales en primavera. Sin embargo, en los hechos, las campañas ya comenzaron. No con spots oficiales ni debates regulados, sino con giras disfrazadas, posicionamientos mediáticos y estructuras territoriales en plena operación. La competencia ya está en marcha.
La magnitud del proceso explica la prisa: 17 gubernaturas en disputa, la renovación de la Cámara de Diputados, más de la mitad de los congresos locales y más de mil ayuntamientos. Más la elección judicial y tal vez revocación de mandato. En ese contexto, ningún actor quiere llegar tarde. Morena ha optado por un mecanismo ya probado: la designación de “coordinadores estatales”, figuras que, en la práctica, serán sus candidatos. El calendario interno es revelador: primero los estados, luego los municipios y distritos. Es una estrategia de control político que adelanta la competencia bajo una narrativa de organización interna.
La oposición, dejó de cuestionar el método, mejor decidió replicarlo. El PRI anuncia “defensores de la nación”, una figura semánticamente distinta pero funcionalmente equivalente. El PAN, por su parte, recurre a encuestas para definir candidaturas, en un intento por legitimarse, pero sin modificar el fondo: la anticipación de los tiempos. Movimiento Ciudadano seguirá la misma ruta, mientras que el Partido Verde y el PT ya avanzan en definiciones internas, confirmando que la competencia electoral no espera a la ley.
La pregunta de fondo no es por qué lo hacen, sino por qué pueden hacerlo sin consecuencias. La respuesta es incómoda: la ausencia de sanciones. Las autoridades electorales han sido omisas frente a actos anticipados de campaña que se disfrazan de filantropía, informes legislativos o promoción social. Bardas, espectaculares y campañas digitales posicionan nombres, rostros y narrativas sin que exista una reacción efectiva del árbitro electoral. La norma existe, pero no se aplica.
No se trata de una desviación individual, sino de un problema estructural. El diseño institucional del sistema electoral mexicano, que buscaba equidad y certeza, hoy enfrenta una realidad donde las reglas son superadas por la estrategia política. Los partidos no están rompiendo el sistema; están operando dentro de sus grietas.
Al regreso de Semana Santa, el país entrará de lleno en una campaña no declarada, pero plenamente activa. Y en ese escenario, la discusión ya no es sólo quién ganará en 2027, sino si el sistema electoral mexicano es capaz de sostener su propia legitimidad frente a una clase política que ha decidido adelantar el reloj. Porque cuando la ley pierde capacidad de imponer límites, la política deja de competir en condiciones justas y comienza, otra vez, a jugar en terreno minado.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.