A once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue sin respuesta la principal exigencia: ¿Dónde están? Bajo la consigna: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sus familiares exigen justicia y aún no hay responsables. El Gobierno pasó de la “verdad histórica” a un “crimen de Estado” y acomoda la tragedia a sus intereses.
Hilda Hernández Rivera, madre de José Manuel González, uno de los 43 de Ayotzinapa,desaparecidos en la noche negra de Iguala, aseguró que están muy decepcionados y molestos con el actual Gobierno porque sólo les ha dicho mentiras y están como al principio.
Defensores de derechos humanos y abogados que participaron en el foro “Ayotzinapa 11 años: luces y sombras” denunciaron que las investigaciones del caso no avanzan porque no se ha roto el pacto de impunidad para proteger al Ejército mexicano.
Mario Patrón Sánchez, uno de los participantes, y ex subdirector del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, dijo: “la mayor sombra es la impunidad. México es un país de víctimas, no hay un antes y un después de Ayotzinapa, hoy México está más devastado, está más herido, hay más víctimas de desaparición forzada que hace 11 años y basta con ver Iguala, Taxco donde hay una macro criminalidad más grave que en el 2014”.
Patrón Sánchez, dividió los 11 años que lleva el caso Ayotzinapa en cinco etapas, y definió la última como “la oportunidad perdida”, dijo que “se vino por la borda” todo lo que se había avanzado en las cuatro anteriores, “y, fundamentalmente, el gobierno que enarbolaba la narrativa de: Nosotros no somos iguales, terminaron siendo iguales”.
En efecto, hemos pasado de los hechos a un encarnizado debate sobre lo sucedido, en un vergonzante espectáculo mediático, devaluando los resultados concretos de las diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, los peritos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Cómo estarán los acuerdos políticos, que el ex abogado de las víctimas de los 43 de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dejó el caso por “motivos personales y de salud” y ahora trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como secretario de Estudio y Cuenta de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, a cargo de Hugo Aguilar. En ese puesto percibirá un salario mensual de 167 mil 671.23 pesos brutos, es decir, 118 mil 138.37 pesos netos.
Y las únicas novedades en el caso son los nombramientos del nuevo Fiscal Mauricio Pazarán, quien relevó a Rosendo Gómez Piedra y el nuevo abogado de los padres y madres de los 43, Isidoro Vicario Aguilar, quién aseguró que "en el caso Ayotzinapa sigue la impunidad"
Así las cosas, a 11 años ¿Qué verdad se busca? ¿La verdad histórica, la verdad jurídica, la verdad política o la que más acomode o guste a los inconformes o al gobierno en turno?
@guillegomora