Busca Morena fiscalizar financiamiento extranjero a ONG

Por Osvaldo Córdova

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificará de "intromisión" el financiamiento de Estados Unidos a la organización civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), crítica de su gobierno, Morena en el Senado presentó una propuesta para fiscalizar los recursos que reciben las ONG desde el extranjero.

Con la reforma se busca registrar y evaluar los fondos que reciben organizaciones de la sociedad civil, que obtienen recursos económicos del extranjero a través de donaciones autorizadas, explicó la senadora Nancy Sánchez Arredondo.

Se trata, dijo, de un mecanismo para prevenir que se atente contra la libertad de decisión o de las instituciones, a través de estudios simulados o maquillados que afecten la efectividad de las políticas públicas aplicadas por el Ejecutivo Federal.

La iniciativa, que reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, propone impedir que dichos fondos se utilicen para injerir en asuntos estrictamente competentes del Estado Mexicano en cualquiera de sus tres poderes y niveles.

Pese a que existe una nota diplomática por parte de México en la que pide que se explique y detenga el financiamiento a MCCI, el gobierno de Estados Unidos anunció que seguirá financiando a ONG y periodistas de investigación en el mundo en cumplimiento con uno de los objetivos de la política exterior del presidente Joe Biden para denunciar y combatir la corrupción internacional.

Ante este escenario, la senadora Sánchez Arredondo, en su iniciativa, sugirió que los donativos deducibles en el extranjero deben ser reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para su examinación y aprobación, a fin de realizar un exhaustivo ejercicio de transparencia en el origen y destino de los recursos obtenidos del exterior.

De esta forma, afirmó, se tendrá total claridad respecto a los productos, campañas, acciones o publicaciones que incurran en actos de injerencia de la vida pública y política de nuestro país desde terceros en el exterior.

Reiteró que las organizaciones que se encuentren bajo este supuesto, deberán notificar también a la UIF los recursos económicos obtenidos del extranjero, para efectos de seguimiento y evaluación que eviten la utilización de estos con fines de proselitismo partidista o político electoral.

Sánchez Arredondo consideró importante cortar este tipo de intervenciones que únicamente atentan contra la democracia y la libertad de México, pues “no debemos permitir que intereses externos se opongan a la transformación que vivimos”.

Esto, advirtió, se vuelve peligroso, sobre todo en tiempos de elección donde los ciudadanos son más susceptibles al contenido que se distribuye por distintos medios, lo cual se puede observar cómo manipulación del voto, lo que afecta los procesos democráticos y vulnera el Estado de Derecho.

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