Buscadoras asesinadas, Estado sin respuestas

Columnas miércoles 01 de julio de 2026 -

Hay asesinatos que sacuden a la sociedad y hay otros que debieran sacudir la conciencia de un país entero. El homicidio de Martha Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, pertenece a la segunda categoría. Una mujer que, ante la ausencia del Estado, dedicó su vida a encontrar a quienes desaparecieron y que las autoridades no fueron capaces de regresar a casa.

Su asesinato, ocurrido en Pénjamo, Guanajuato, coloca en el centro una realidad que ya no admite eufemismos: en México buscar desaparecidos es una actividad de alto riesgo. No porque así deba ser, sino porque el Estado ha permitido que así ocurra.

Las cifras son tan contundentes como indignantes. Desde 2019, al menos 13 personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos han sido asesinadas en Guanajuato. Trece vidas arrebatadas a quienes realizaban una labor que, en un Estado de derecho funcional, correspondería esencialmente a las instituciones

Sin embargo, la Fiscalía General de Guanajuato ni siquiera ha transparentado cuántos de esos homicidios están vinculados con la actividad de defensa de derechos humanos que desempeñaban las víctimas. Esa omisión no es un detalle administrativo. Es una forma de invisibilizar el problema. Negar el contexto es una manera de negar la responsabilidad.

Las madres buscadoras, los padres, hermanos e hijos que integran los colectivos no son activistas por elección. Son ciudadanos obligados por la tragedia. La desaparición de un ser querido los empuja a convertirse en investigadores, peritos improvisados, abogados, gestores y excavadores. Aprenden a interpretar mapas, denuncias, testimonios y terrenos porque las instituciones no llegan, llegan tarde o simplemente nunca aparecen.

Y cuando quienes buscan comienzan a ser asesinados, el mensaje es devastador: en México no sólo desaparecen personas; también pueden morir quienes intentan encontrarlas. La impunidad alcanza a las familias de las víctimas. El Estado normaliza su muerte y deja sin justicia a los más de 130 mil desaparecidos en el país, una estela de homicidios, fosas clandestinas y familias rotas.

Cada buscadora asesinada constituye una doble derrota del Estado. Primero, porque no pudo proteger a la persona desaparecida cuya búsqueda originó el activismo. Después, porque tampoco fue capaz de proteger a quien asumió esa tarea en nombre de la justicia.

Lo más preocupante es que estos crímenes parecen perder fuerza conforme avanzan los días. Se anuncian investigaciones, se emiten comunicados, se promete que no habrá impunidad. Después sobreviene el silencio. Un silencio que también mata, porque transmite la idea de que asesinar a una persona buscadora no tiene mayores consecuencias.

Así las cosas, la muerte de Martha Patricia Negrete Tafoya no puede convertirse en una estadística más. Detrás de su nombre hay una familia, un colectivo y una causa que sigue viva: la búsqueda de quienes aún no regresan. ¿Cuántas personas más tendrán que morir por hacer el trabajo que corresponde al Estado?

@guillegomora