CIENTOS DE MUJERES MIGRANTES PUDIERON SER VICTIMAS DE OPERACIÓN SIN AUTORIZACION

Cientos de mujeres migrantes, entre ellas decenas de mexicanas, pudieron ser víctimas de abuso, operaciones obstétricas no autorizadas y negligencia médica en el Centro de Detención del Condado Irwin en Georgia, que es administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Aseveró Carlos Rojas, de Conseil Migrant, quien agregó que este tipo de prácticas ilegales en contra de mujeres migrantes no sólo se habrían realizado en dicho centro de detención, sino en otros de la red de prisiones migratorias que se encuentran subrogadas por el gobierno de Estados Unidos y en donde las negligencias no sólo tienen que ver con estas operaciones, sino con casos de no atención a detenidos que padecían Covid-19.

En entrevista con ContraRéplica expuso que abogadas de mujeres migrantes que fueron sometidas a operaciones quirúrgicas ginecológicas sin autorización, como histerectomía sin su consentimiento, es decir, se les retiró el útero, anunciaron que presentarán una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que esos organismos indaguen en esos hechos y exhortaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a acompañar dicho proceso.

“En estos momentos se sabe de dos mujeres mexicanas que han sufrido violencia obstétrica, no necesariamente les fue retirado el útero o los ovarios, pero si procedimientos médicos que no eran necesarios a manos de un médico, pero con la complicidad de funcionarios y personal que autorizaba y sabía de este tipo de prácticas”.

“Con este tipo de operaciones, el médico responsable, buscaba o cobraba facturas al gobierno de Estados Unidos, era un negocio redondo. Las inyectaba con medicamentos para tener sangrados y con ello argumentar que tenían quistes o fibromas y era necesaria una intervención quirúrgica”.

Informó que se está buscando a víctimas en Estados Unidos, México y en otros países de este tipo de prácticas implementadas en este centro de detención. “Se sabe que son cientos de personas. Esto llevaba sucediendo mucho tiempo. Este médico en 2015 ya había tenido un juicio, pero quedó en libertad. Esto demuestra la deshumanización a la que se está sometiendo al migrante actualmente”.

“Muy probablemente habría decenas de casos de mexicanas afectadas por este tipo de prácticas, considerando que la migración mexicana sigue siendo una de las más importantes en Estados Unidos. En este centro de detención ya se habían denunciado casos de maltrato médico en casos de Covid-19. Es parte de un esquema de prisiones privadas a los que el gobierno de Estados Unidos les paga 60 dólares diarios por cada detenido”, apuntó.

Cuestionado sobre si durante el sexenio de Donald Trump se intensificaron este tipo de prácticas en los centros migratorios, indicó no puede asegurar ello, pero lo cierto es que cada vez suceden cosas más fuertes derivado de que “desde arriba vienen adjetivos que señalan a los migrantes de ladrones o de violadores, pues obviamente deriva en este tipo de maltratos”, agregó Carlos Rojas.

Por separado y en videoconferencia, Azadeh Shahshahani, directora legal de la organización Project South y ex presidenta de National Lawyers Guild; Kathleen Hoyos, abogada defensora del despacho Antonini & Cohen Immigration Law y representante de una mexicana que sufrió abusos; y Sarah Owings, defensora en temas migratorios y socia de la firma Owings MacNorlin, ofrecieron confirmaron que el centro de Irwin no es el único en el que se dan esos abusos contra migrantes.

Ante ello, exigieron que el gobierno de Estados Unidos y las empresas privadas que administran muchos de esos espacios rindan cuentas; además que ese centro de detención sea cerrado.

Cabe recordar que el pasado 14 de septiembre, varias organizaciones defensoras de derechos humanos de aquel país denunciaron que a varias mujeres detenidas en el centro de Irwin, les practicaron intervenciones ginecológicas sin pleno consentimiento, e incluso algunas habrían sido víctimas de histerectomías.

Sarah Owings expuso que hay indicios que muestran un patrón en el actuar contra mujeres detenidas en ese lugar, vulnerables por su su condición migratoria y por estar privadas de la libertad, a quien un ginecólogo asociado con el centro migratorio les practica operaciones sin detallar las causas ni las consecuencias.

Kathleen Hoyos, quien representa a una mexicana que sufrió abusos al ser operada para extirparle unos quistes, lo cual según peritaje médico no era necesario, comentó que han tenido acercamientos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tramitar la queja correspondiente y que este organismo investigue las violaciones a garantías de ésta y otras connacionales.

Por su parte, Azadeh Shahshahani, dijo que se ha reunido con diplomáticos mexicanos y ha comprobado que el gobierno de México “está tomando el tema muy en serio y está investigando. Esperemos que a nivel internacional las organizaciones sigan esos pasos. Iremos ante la ONU y la CIDH, para que los responsables rindan cuentas y haya consecuencias”.