Candidatos y la ciberseguridad

Es imperativo que los aspirantes a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, propongan de manera inmediata y directa una modificación al marco legal en materia de delitos cibernéticos. Según el colectivo Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México), la legislación actual se ha quedado rezagada ante la rapidez del avance tecnológico, lo que resulta en daños millonarios al Estado, empresas y personas.

Durante el último trimestre del año pasado, en México se registraron dos millones 745 mil 738 fraudes cibernéticos, lo que equivale a 400 delitos por hora y seis delitos por minuto en todo el país, acotó Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de PSI-México. Estas cifras alarmantes evidencian la necesidad urgente de actualizar la legislación para sancionar de manera efectiva estos delitos.

Es importante resaltar que, muchos de estos fraudes son perpetrados desde el extranjero, lo que complica su investigación y persecución por parte de las autoridades mexicanas. Ante esta problemática, los candidatos presidenciales deben presentar propuestas concretas para fortalecer el marco legal en materia de delitos cibernéticos y promover la formación de profesionales especializados en la materia.

La discusión en el Congreso de la Unión sobre ciberseguridad debe ser integral y considerar la protección de la democracia y de los usuarios digitales del país. El marco jurídico actual en México, que data de 1997, está obsoleto para el nivel de actualización que tiene el ciberespacio en la actualidad, lo que facilita la comisión de delitos cibernéticos de gran magnitud, expuso el ingeniero Aguiñiga Tinoco, también investigador del Instituto politécnico Nacional.

Aunado a este tema, es fundamental que el Estado mexicano suscriba el “Convenio de Budapest”, instrumento internacional que trata de manera específica la prevención y mitigación del ciberdelito. Esto permitiría empalmar dicho convenio al marco jurídico nacional y fortalecer la capacidad del país para combatir estos delitos.

En los últimos dos años, los ciberdelitos han aumentado un 73 por ciento, producto de la pandemia por Covid-19. Esto incluye la comisión de conductas ilícitas como la pornografía infantil, trata de personas y delitos financieros, que representan una amenaza grave para la seguridad cibernética del país.

Dicho sea de paso, la emisión de una postura sobre este delicado tema es tan necesaria que, la persona que releve al presidente Andrés Manuel López Obrador deberá considerar, también, el cambio al interior del Congreso de la Unión; es decir, la nueva confección y los nuevos legisladores serán quienes lleven su voz al interior de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para modificar el marco legal que se requiere.

“De no hacerlo, la democracia en nuestro país seguirá en constante riesgo porque el sistema financiero, político y militar del país estará en condiciones de colapsar al estar vulnerable a un ciberataque”, alertó Ezequiel Aguiñiga.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017