Cumplieron ya más de un año como aspirantes a magistrados electorales locales y en la categoría de aspirantes van a quedar, no hay indicios de que el Senado culmine proceso de elección.
250 abogados se inscribieron para buscar 20 vacantes de magistrados en 17 estados del país, con la ilusión de ser parte de la estructura electoral, todos con los requisitos que establece la ley.
Incluso, cumplieron con las entrevistas realizadas por los propios senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Insuficiente para llegar al nivel de magistrados y todo indica que nunca lo conseguirán, al menos en la actual legislatura.
En cambio, quien los examinaba como presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca, alcanzó su objetivo político, ya es gobernador del estado de Hidalgo. Mientras estuvo como legislador, en más de una ocasión explicó que el atorón de la elección de los magistrados obedecía a la falta de consenso, fundamental porque para aprobarlos es necesario del voto de las dos terceras partes de los asistentes a la sesión plenaria.
Por ese motivo, ningún grupo parlamentario, por sí solo, podría darles luz verde a los aspirantes. En más de una ocasión el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal comentó a los medios el pendiente y la posibilidad de que entrara a la agenda u orden del día del pleno. Hasta la fecha no ha sucedido ni sucederá. Por lo mismo: falta de consenso.
Mas les vale a estos 250 abogados que se vayan resignando a que no alcanzarán su sueño, porque ahora el punto no es solo el hecho de que no hay condiciones para llegar a un acuerdo, también está en abierta la posibilidad de que desaparezca la figura de magistrado electoral local.
Al menos entre las bancadas de Morena y PRI hay legisladores que consideran su eliminación, en aras de restarle al burocratismo. Advierten que no hay necesidad de dicha instancia, porque los inconformes con resultados de elecciones, optan por llevar su reclamo a salas regionales y en ocasiones hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En otras palabras, los magistrados electorales locales, no son determinantes cuando se trata de impugnaciones. Y por lo visto, tampoco indispensables, porque las oficinas en los estados han funcionado sin su participación, suplidos temporalmente por secretarios de acuerdo, como lo indica la normatividad.
Otro argumento difundido para tratar de justificar que no se haya llegado a un acuerdo es que se quiere garantizar la neutralidad o imparcialidad de los magistrados locales electorales.
En el fondo es el argumento que atascó el proceso de elección de magistrados, porque el Bloque de Contención u oposición quiere evitar que haya autoridades identificadas con alguno de los partidos.
Sería lo ideal, nada más que nunca ha sido de esa manera, porque cuando el PRI gobernaba todos o casi todos los estados y tenía el control del poder legislativo, imponía su voluntad.
Después convinieron que los partidos en los estados donde fueran gobierno, tendrían preferencia a la hora de elegir magistrados. Lo que se conoce como “cuotas de partidos”.
El problema es que ahora Morena gobierna la mayoría de los estados y, la oposición ya no está de acuerdo con vieja práctica.
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