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Una interrogante recurrente en México consiste en conocer la causa raíz de la violencia que azota a nuestro país, y una de las respuestas más simples, por su claridad, se reduce a una palabra: impunidad. Quien comete un delito aquí, tiene un pasaporte a la impunidad casi total.
Por ejemplo, matar en México tiene un costo casi cero en la mayoría de los estados. Ojo. No hablo de delinquir, hablo de quienes asesinan a otros por deudas de negocios illícitos, por venganzas o por violencia sin adjetivos. Si el homicidio se cometió en entidades como Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, donde sus fiscalías locales son más competentes que el resto del país, en al menos dos de cada diez homicidios, existe una expectativa razonable que el criminal sea condenado. En estados como Guerrero o Morelos, esta expectativa se reduce a cero.
Entonces, si la impunidad es una de las causas de nuestra violencia, ¿qué se ha hecho en los últimos años para que las fiscalías se profesionalicen? Salvo las fiscalías antes dichas, muy poco; y lo que mejor funcionaba, como la Policía Federal (PF), fue desmantelada.
En su mejor momento, la PF detenía cuatro veces más presuntos delincuentes con cuatro veces menos elementos que la Guardia Nacional (GN). A pesar de la ineficacia demostradapor ésta, de la opacidad y discrecionalidad con la que se ha desempeñado; el que ahora constitucionalmente esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional le permitirá gastar el dinero sin rendirle cuentas a nadie y sus elementos podrán realizar abusos de autoridad sin que autoridades civiles los sancionen.
Para “compensar” esta militarización total de la seguridad pública, la Presidenta presentó una iniciativa constitucional para asignar a la Secretaría de Seguridad nuevas atribuciones en materia de coordinación, y propone dotar a una dependencia de dicha secretaría (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) facultades administrativas para “homologar estándares y criterios” entre el gobierno federal y los locales; que por ejemplo, en la administración anterior, se tardaron cinco años para copiar en materia de prevención lo que otras entidades llevaban años haciendo.
Entonces, ¿por qué el oficialismo se ha empeñado en destruir al Poder Judicial de la Federación que, si bien es imperfecto, cuenta con el mejor servicio profesional de carrera que ni el poder ejecutivo ni el legislativo han tenido por tanto tiempo? ¿De verdad era porque liberaban delincuentes? ¿O será porque es una venganza al ponerle un alto, con la Constitución en la mano, a las arbitrariedades gubernamentales?
A este complejo escenario nacional, se le sumará la presión del nuevo gobierno en Estados Unidos, que replanteará toda la relación bilateral, particularmente en temas económicos, migratorios y de seguridad; en donde México será reactivo y tendrá poco margen para negociar. Un escenario poco probable, pero posible, será la desaparición del T-MEC, la deportación masiva de connacionales y una mayor descomposición de nuestra relación internacional más importante.