Cobrar o no cobrar

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, estima que habrá un aumento en la recaudación del 7% para 2022. Esto es posible, en primer lugar, porque la recaudación de 2021 se vino abajo por el confinamiento, que hoy no existe. Lo interesante es que la funcionaria se atrevió a tocar el tema de la informalidad, que en México supera el 50% de toda la actividad económica, y la dibujó como una gran base de riqueza que sin embargo no tiene carga impositiva; es decir, la informalidad sería la gran evasora.

El tema es delicado porque la economía que vuela bajo el radar hacendario siempre ha sido un pilar de la economía real en México. Un número importante de personas, familias y hasta empresas han dependido de ella para su funcionamiento y subsistencia, por generaciones. Esto no quiere decir que sea bueno, simplemente es. La formalidad tiene un aspecto que en México nos cuesta trabajo asimilar por nuestra propia historia, una de corrupción y precariedad gubernamental, pero que en otros países es indisociable con el tema de impuestos: la calidad del gobierno y de los bienes públicos, de los que disfrutamos todos, está íntimamente relacionada con la capacidad fiscal del Estado. Y lo público es desde la calidad del asfalto hasta la limpieza y suficiencia de insumos en hospitales públicos, las instalaciones de las escuelas oficiales pero también el salario de los maestros; todas las herramientas de trabajo de la policía pero también la calidad de quienes evalúan a los policías; en fin, la idea se entiende. Esto es lo que explica, por ejemplo, que en otros países se sienta una indignación profunda por el evasor de impuestos, a pesar de que nadie pague impuestos con alegría, pues se entiende que el delincuente fiscal no está perjudicando a una entidad ajena al ciudadano (el gobierno) sino al ciudadano mismo, a la calidad de la protección y civilidad a que tiene derecho.

En nuestro país, el discurso antagónico ha logrado disociar una cosa de la otra, de manera que los evasores fiscales, a nivel micro y macro, gozan de la empatía y hasta de la envidia de sus pares, que en todo caso le piden recomendaciones para hacer lo mismo: “mi compadre tiene un contador buenísimo, no paga nada”. No es extraño, entonces, que la informalidad se vea casi como un derecho humano y los impuestos como un castigo injusto que además va a parar a manos de gente “que ni hace nada”. Sin embargo, la precariedad fiscal es un problema que trasciende a todos los ámbitos y que en México, proporcionalmente, es más grave que en países y economías más pequeñas, pues lo recaudado respecto de nuestro PIB es menos que lo que recauda, por ejemplo, Honduras, Nicaragua o Trinidad y Tobago. El problema es real, y Buenrostro puso el dedo en la llaga. Pero hay razones de peso por las cuáles los políticos no han querido entrarle al tema de gravar informales, porque eso implicaría, por ejemplo, reducir el ISR y aumentar el IVA. Es poco probable que este gobierno (o el que venga) se atrevan a tanto.