Cocaína en una secundaria de Chiapas; algo estamos haciendo mal

Columnas miércoles 12 de octubre de 2022 -

Rocío Barrera

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

La noticia, por inaudita, ocupó recientemente los encabezados de los principales medios informativos del país y hasta del extranjero. En Bochil –una población de aproximadamente 15 mil habitantes, conformada originalmente por descendientes de los antiguos tzotziles, de los altos de Chiapas–, más de medio centenar de estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje, debió ser hospitalizado de emergencia, debido a los graves efectos que la ingesta de cocaína, provocó en ellos.

La sorpresa fue mayúscula. No se trataba –como algunos podrían suponer–, de escolares pertenecientes a una escuela del primer mundo del vecino país de Norte, donde las propias condiciones socioeconómicas teóricamente podrían dar pie a generar un hecho semejante y donde incluso han tenido lugar asesinatos masivos, facilitados por la venta libre de armas, sino tuvo lugar en una de las entidades más pobres del país, donde la lógica nos indicaría que esto nunca podría ocurrir.

No es un secreto que en Estados Unidos, muchos de los más perturbadores atentados han tenido lugar en centros escolares. Ahí está, por ejemplo, el asalto a la Escuela Primaria Robb de Uvalde, en Texas, donde el 24 de mayo de 2022 19 niños y dos adultos perdieron la vida. Y es también en ese país donde –de acuerdo a un estudio publicado recientemente por la BBC, con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)–, más de 100 mil estadounidenses murieron el año pasado por sobredosis, debido al costo psicológico de la pandemia por COVID-19 y la disponibilidad de más drogas sintéticas como el fentanilo.

Muchos se niegan a aceptar que el consumo de drogas en nuestro país –principalmente cigarrillos, marihuana, sustancias inhalables, cocaín¬a y alcohol–, ha crecido en los últimos años entre la población de escolares adolescentes. La edad de inicio se ha establecido a los 13 años, tanto en hombres como en mujeres.

Aunque no se tienen indicativos más recientes, un estudio titulado “Uso de drogas en estudiantes de México: Tendencias y magnitud del problema”, publicado en Salud mental, en 2016 y que encabezó el especialista Jorge Villatoro Velázquez, de la dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, mencionaba ya datos sumamente preocupantes.

El testimonio fue obtenido por los especialistas mediante una encuesta probabilística entre la población nacional escolar de 5º y 6º de primaria, secundaria y bachillerato en la que se contó con un muestro realizado a 166 mil 535 alumnos. La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado y validado en encuestas anteriores. Los resultados fueron esclarecedores y no menos impactantes:

“El consumo de tabaco alguna vez fue de 30.4 por ciento y la edad promedio de inicio de esta sustancia fue 13.4 años. El 53.2 por ciento ha bebido alcohol y 14.5 ha bebido en exceso. La prevalencia de consumo de drogas alguna vez fue de 17.2 por ciento. Las drogas de preferencia son la mariguana (10.6 por ciento), seguida de inhalables (5.8) y cocaína (3.3)”.

¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Los hechos más recientes y evidentes ocurridos en la secundaria de Bochil, en Chiapas nos llevan a reflexionar si este fenómeno de alguna manera ha permeado aún a los centros escolares de localidades como esta, muy alejadas de los centros de producción, tráfico y consumo tradicionales. ¿Por alguna razón hemos bajado la guardia, y el desinterés de lo que ocurre con nuestros hijos ha permitido hechos como este?

En años pasados, la puesta en marcha del programa “Mochila segura” implementado por la SEP en las escuelas públicas –que posibilita la revisión del contenido de las mochilas de los alumnos antes de ingresar a los centros escolares–, generó una gran controversia entre los padres de familia, y amparos ante la Suprema Corte de Justica de la Nación, la cual determinó en abril del año pasado que el programa ”viola el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución federal, porque no cuenta con un marco jurídico que lo regule, module los actos de molestia y faculte expresamente a una autoridad para su implementación”.

Sin embargo, no hay que cerrar los ojos ante esta realidad lacerante. El tema del consumo de drogas en centros escolares mexicanos es sólo uno de los hilos de la madeja de la violencia generalizada en nuestro país. Quizá algunos no lo consideren aún relevante –dada la magnitud del número de muertos en escuelas de Estados Unidos, debido al uso de las armas–, pero en las escuelas mexicanas ya se han registrado también episodios similares.

Hubo recientemente uso de armas de fuego en una escuela de Iztapalapa y hace 5 años, en una escuela de Monterrey, un adolescente disparó contra su maestra y dos compañeros y luego se suicidó; un hecho similar tuvo lugar en la capital coahuilense, el 10 de enero de 2020, cuando un estudiante de 11 años de una escuela privada de Torreón, disparó contra varios de sus compañeros, mató a una maestra y luego se suicidó.

Aunque el origen del grave incidente del que fueron víctima los estudiantes de la secundaria de Bochil, todavía se halla bajo investigación de las autoridades policiacas, de antemano este nos lleva a una profunda reflexión y a plantearnos varias interrogantes.

Esto nos ha golpeado en la línea de flotación que más nos duele, que son los niños y los jóvenes, este sector que –aunque muchos demagógicamente lo utilizan como una frase más en sus discursos para hablar de que constituyen “el futuro”–, en realidad constituyen el presente del México al que aspiramos y del cual, si no hacemos rápidamente algo para evitarlo, carcomerá los cimientos de esta nación que merece un destino mejor. Algo estamos haciendo mal como padres de familia, como maestros y sociedad en su conjunto, y sería mejor tomar las medidas necesarias, antes a de que sea demasiado tarde. Aún estamos a tiempo para corregirlo.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM