Columna Sociedad | Nuevo ciclo político

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Prácticamente ya se acabó agosto y mañana estrenamos un nuevo mes. Con él, vienen hechos importantes para la vida pública del país, como el informe de gobierno del Poder Ejecutivo al Legislativo en este cuarto año de la presente administración.

En este último, se renuevan las mesas directivas y empieza un nuevo periodo para la presente legislatura, que, como inicio de clases, los legisladores -diputados y senadores- se alistan a analizar modificaciones al marco legal.

Entre los temas que ya se asoman están la adhesión de la Guardia Nacional a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); una reforma política, que contempla la extinción del INE como lo conocemos para que se sume a la política de austeridad que promueve el jefe del Poder Ejecutivo.

Dentro de los pendientes legislativos, hay que atender una recomendación que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano sobre las personas que están privadas de su libertad en penales mexicanos.

De manera concreta, resalta los derechos de aquellas personas privadas de su libertad en penales de las entidades federativas donde imperan presuntos hechos de corrupción de las autoridades, violación a derechos como preservar la vida, la salud o la seguridad.

“No es un secreto que dentro de las entrañas del sistema penitenciario de la capital del país se organiza, no sólo extorsiones, secuestros, o venta de droga, sino que se ha tejido una red de complicidades con los directores para que los dejen operar sin contratiempo y sin vigilancia”, advierte la recomendación.

Expone que en los centros de readaptación social se vende, lo mismo droga que seguridad. “Ahí, tanto custodios, como integrantes de los grupos delictivos que dominan los diferentes Centros tienen sus espacios de corrupción”.

El documento, fechado apenas en abril pasado, revela que “el negocio para los custodios es el pago por el pase de lista (cinco pesos) por turno. El cobro por el acceso de productos no autorizados como teléfonos celulares, televisores y droga”.

El uso de mesas y sillas, también es mercader de estos grupos criminales, que son solapados por las autoridades de estos lugares de reclusión, se ha comprobado “pagos de entre 30 y 100 pesos depende el número de personas que ejercen la visita”.

Otros cobros que hacen son los accesorios de limpieza para el aseo; y como increíble que parezca “el tráfico y venta de azúcar o sal. Ya que la comida o “rancho”, como ellos le llaman, no es condimentada, por lo que una cucharada llega a cotizarse hasta en cinco pesos”.

La pregunta que se hace la ONU es ¿a dónde va parar todo ese dinero que se recolecta por la venta de droga, extorsión y tráfico de insumos que se vive a diario en estos centros de readaptación social día a día en todo el país?

Que sirva la investigación de la organización internacional para que gobernantes y legisladores detengan el atropello en contra de personas que llegan a estos lugares; porque quizá estos mismos grupos son los que abonan a la crisis que a diario se vive en diversas regiones del país a partir de la violencia.

Volviendo al mes de septiembre, vienen las fiestas patrias y el final de año; pero nada distante el inicio de la jornada electoral en los estados de Coahuila y México; y la antesala para las elecciones federales de 2024, la jornada electoral, que será, la más grande en la historia del país.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz