El costo invisible de la burocracia

Columnas lunes 21 de septiembre de 2026 -

En la relación entre las personas y el gobierno hay costos que casi nunca aparecen en los presupuestos. No están en una partida, no se reportan como gasto público y rara vez forman parte de una evaluación. Sin embargo, existen y pueden ser muy altos.

Son los costos de la burocracia.

Un trámite puede ser gratuito y, aun así, resultar caro. Cuesta el traslado, el tiempo de espera, la impresión de documentos, la obtención de copias, la pérdida de una jornada de trabajo, el pago de transporte o estacionamiento y, muchas veces, la necesidad de regresar porque faltó un requisito que nadie explicó con claridad.

También cuesta la incertidumbre.

No saber qué documento presentar, dónde hacerlo, cuánto tardará la respuesta, cuál es el siguiente paso o qué ocurre si la autoridad guarda silencio genera desgaste y puede convertir una gestión sencilla en una experiencia difícil.

El problema es mayor porque estas cargas no afectan a todas las personas de la misma manera. Para quien cuenta con tiempo, internet, conocimientos jurídicos y facilidad para desplazarse, un trámite complicado puede ser sólo una molestia. Para una persona mayor, alguien con discapacidad, quien trabaja por jornada o quien vive lejos de una oficina pública, puede convertirse en una verdadera barrera para ejercer un derecho.

Esto no significa que los procedimientos sean innecesarios.

El procedimiento cumple funciones importantes: ordena la actuación de la autoridad, da certeza, permite verificar requisitos y protege frente a decisiones arbitrarias. El problema aparece cuando los requisitos dejan de servir a una finalidad y permanecen únicamente porque “siempre se ha hecho así”.

Por eso, una administración pública moderna debería preguntarse no sólo cuánto le cuesta prestar un servicio, sino también cuánto le cuesta al ciudadano recibirlo.

Cada requisito debería poder justificarse. Cada documento solicitado debería tener una utilidad concreta. Cada paso adicional debería responder a una necesidad real. Y cuando una autoridad pida información que ya posee otra institución pública, debería preguntarse si es razonable obligar nuevamente a la persona a conseguirla.

Simplificar no significa eliminar controles. Significa eliminar cargas innecesarias.

También significa diseñar trámites comprensibles, accesibles y previsibles. Una buena administración no debería trasladar al ciudadano sus propias dificultades de coordinación, organización o comunicación.

El tiempo de las personas también tiene valor. Y debería ser tratado como un recurso valioso, no como algo de lo que la administración puede disponer sin límites injustificados.

Medir el costo de la burocracia obliga a mirar al Estado desde el lugar de quien necesita una respuesta, no sólo desde el escritorio de quien procesa un expediente.

Un gobierno cercano no es solamente el que abre sus puertas. Es también el que procura que llegar hasta ellas no se convierta en una carrera de obstáculos.

Flor de loto: servir mejor también significa estorbar menos.