Conflictos y consultas ciudadanas

Columnas viernes 04 de septiembre de 2020 -

Uno de los principios de mantener límites en las actividades públicas, es evitar que se salgan de un cause lógicamente creado. Que las cosas arremetan contra los diques edificados, implica arriesgar el orden público, promoviendo un estado de zozobra generalizado. Un teórico como Maquiavelo, en Los Discursos a la Primera Década de Tito Livio, deja perfectamente claro que el conflicto es connatural a los pueblos libres, a los que se saben conscientes de la dotación de un sistema de justicia capaz de recibir las exigencias, amoldando el sistema a un conjunto de reclamos sociales que pueden ser perfectamente válidos, necesarios y que marcan la grandeza de una sociedad, a la manera de la muy admirada república romana de nuestro ilustre florentino.

El tema es que las cosas no se salgan de control, ni mucho menos que un líder popular se haga de la causa común y lucre con las exigencias —algunas muy justas y necesarias—, pero cuyo único objetivo sea beneficiarse con ellas. Públicamente mostrarse como simpatizante de la causa popular genera simpatías y, a veces, hasta posibles héroes de las historias nacionales, pero cuando tal posición se hace a costa de una fragante violación a la ley, a las instituciones y hasta al juicio más crítico, el riesgo de una violencia mucho mayor se está gestando, pues motivar el desacato no es digno de ninguna república que se diga respetuosa con su institucionalidad y su historia. La constitución genera recursos, legitima procedimientos y evita riesgos mayores, como un conflicto civil desproporcionado, en donde ciudadanos indefensos sufran la furia de la justa causa de otros ciudadanos enfurecidos, lo cual, de ninguna manera se justifica.

Necesario es que el respeto a las instancias gubernamentales sea proporcional al respeto a los movimientos civiles, y el beneficio de ambos, se traduzca en el progreso de la sociedad completa. La utopía republicana aspira a una armonía cívica, un principio fundamental para todos los miembros del cuerpo político, no importando su clase social, nivel educativo, credo, creencias políticas, sexo o preferencia sexual.

No es posible que, en un sistema constitucional, anteponiendo la voluntad popular, uno de los tres poderes pida desacatar el procedimiento constitucional en pos de un triunfo político. Las consultas populares se enfrentan al complejo de pesos y contrapesos creado para evitar que los conflictos salgan de su cauce, y se transformen en botín de un grupo. El presidente de la república, supremo magistrado, expresión de la voluntad civil, es al mismo tiempo el sumo sacerdote de la institucionalidad, y como en Roma, el cónsul que cuida del fuego cívico, que evita que se apague por luchas intestinas mezcladas de venganzas y resentimientos. Por el bien de todos, primero las leyes.