Legisladores del Congreso de la Ciudad de México plantearon la necesidad de revisar y fortalecer las disposiciones legales para sancionar agresiones y conductas violentas contra integrantes de las corporaciones de seguridad durante manifestaciones, sin que ello implique criminalizar la protesta social.
Yuriri Ayala Zúñiga, secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que el análisis debe garantizar que las movilizaciones se desarrollen en condiciones seguras y pacíficas.
La propuesta, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), surge tras los recientes incidentes atribuidos al denominado “bloque negro” y busca elevar tanto las sanciones administrativas como las penales. En la Ley de Cultura Cívica se plantea modificar la fracción XI del artículo 26 para que actos como vejar, intimidar o maltratar a personal de seguridad se sancionen con arresto de 12 a 20 horas, multa de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización, o trabajo comunitario de 40 a 72 horas, dependiendo de la gravedad.
En materia penal, la iniciativa propone reformas al artículo 289 del Código Penal de la Ciudad de México, que actualmente establece de uno a tres años de prisión como pena adicional por agresiones a servidores públicos en funciones. La propuesta busca elevar esta sanción hasta nueve años, junto con multas de 100 a 200 días, con posibilidad de incrementarse hasta en una mitad más si se ejerce violencia física o se causan lesiones.
Ayala Zúñiga afirmó que el Congreso está abierto a dialogar con colectivos, organizaciones de derechos humanos y autoridades para revisar posibles vacíos legales y fortalecer la normativa desde una perspectiva de derechos.