POR JONATHAN BAUTISTA
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que los cambios al artículo 44 de la Constitución de la Ciudad
de México hechos por los legisladores permitirán que la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, aspire a ser la fiscal, aunque refirió que el Congreso será el que decida si cumple o no con cierto requisito.
Al ser cuestionada sobre si estaban
actuando como los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con dicha modificación, la mandataria capitalina respondió que: “lo que se aprobó en el Congreso es una modificación a la Constitución, que desde su perspectiva reservaba los derechos de quien quiera tener la oportunidad de ser fiscal general”.
Mencionó que “en dicho artículo Constitucional se establecía que por
ejemplo los magistrados no podían ser fiscales. Desde mi punto de vista, el que haya sido magistrado te da, particularmente en temas penales, una enorme experiencia para poder ser fiscal de una entidad o inclusive hasta fiscal general de la República”.
Sheinbaum subrayó que “el que haya
sido diputado no quiere decir que no pueda ser ahora fiscal, es una modificación que el Congreso establece a ese artículo que consideran los congresistas es reservar los derechos políticos de la ciudadanía”.
Insistió en que ella no elegirá a la
fiscal e indicó que será una comisión elegida por el Congreso la que reciba los currículums de los aspirantes, y ese consejo va a elegir las mejores propuestas, para posteriormente proponérselas a los legisladores.
Respecto a la postulación de la hoy
procuradora para ese cargo expuso: “Si ella se quiere inscribir será el propio Congreso el que determine si ella es apta para cubrir la Fiscalía General de la Ciudad de México”.
La funcionaria también presentó a los
especialistas en Derechos Humanos que participarán en la elaboración del marco de actuación en materia del Derecho al Libre Tránsito y a la Libre Expresión, que el Gobierno capitalino presentará en dos semanas, mediante el que se establece el protocolo de actuación para la atención de bloqueos y manifestaciones y con el que, dijo, se busca que no se criminalicen las protestas.