Covid-19: crisis socio-sanitaria

Columnas martes 24 de marzo de 2020 -

En México, razonar las consecuencias económicas y sociales aún es un tema incierto, pues con una cifra de 316 infectados, 4 defunciones y 794 casos sospechosos han permitido que la mejor medida para contener los brotes sea el distanciamiento social. El cese de las labores en el ámbito público y privado ha sido gradual, y el planteamiento de esta medida nos lleva hacia nuevas dimensiones del problema, pues el contexto de aquellas personas en situación de calle o dedicadas al comercio informal ponen de manifiesto que, las crisis no son vividas de la misma forma y que Covid-19, representa una pandemia marcada por las grandes desigualdades de clase que existen en nuestra sociedad.

La realidad es muy distinta para el señor del puesto de dulces, la señora de la comida, los artesanos y todos aquellos que viven al día y que no se pueden dar “el lujo” de seguir con la recomendación hegemónica, de quedarse en casa, a este sector de la población no podemos juzgarlos por la necesidad que tienen de salir a las calles por ser el sostén familiar.

Por otro lado, diversas empresas están adoptando medidas que escapan a la eficacia jurídica del Estado mexicano y cuyas consecuencias se están encaminando hacia una afectación de grandes proporciones de la clase trabajadora que no cuenta con una seguridad social.

El impacto negativo del Covid-19 en nuestro país se dirige hacia dimensiones catastróficas. La interrupción de las cadenas de producción, y la atmósfera de incertidumbre en las posibles formas de evitar y contener la pandemia, son sólo algunos rasgos que definen nuestra situación.

México es un país que carece de igualdad en ámbitos diversos, de tal suerte que, el plano económico, jurídico y cultural, dispone que los sectores de la población que corren mayor riesgo sean además de los antes mencionado, los que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad; migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, son algunos de los grupos que se vuelven más propensos de cara a esta situación y que deben ser atendidos. Por lo tanto, debemos generar una mayor conciencia de visibilizar y un espíritu de solidaridad como gobierno y sociedad para atender sus necesidades.

Al cierre de esta columna nos encontramos en el proceso de designación del director de la Facultad de Derecho, estoy seguro que los resultados del doctor Raúl Contreras Bustamante serán decisivos para que la Junta de Gobierno lo nombre por un segundo periodo.