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Crece la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez por caso Ábalos y cuestionamientos de la UE a la ley de amnistía
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El gobierno del presidente español Pedro Sánchez enfrenta una doble crisis institucional tras revelarse este lunes nuevos escándalos que salpican directamente a altos exfuncionarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la reciente Ley de Amnistía promovida por el Ejecutivo.
En una operación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, agentes registraron durante más de nueve horas la vivienda del exministro de Fomento y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a adjudicaciones irregulares de obra pública. El registro, autorizado por el Tribunal Supremo, forma parte de una pieza separada bajo secreto judicial.
La investigación apunta a posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, nepotismo y cobro de comisiones ilícitas. Los agentes también inspeccionaron las oficinas de varias empresas constructoras en Navarra que habrían estado involucradas en los contratos investigados. Ábalos, actualmente diputado pero sin aforamiento pleno, entregó su teléfono celular a las autoridades como parte del procedimiento judicial.
El caso Ábalos se suma a la reciente imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, lo que intensifica la presión sobre el gobierno socialista en medio de crecientes críticas opositoras.
Paralelamente, el medio digital El Español reveló un documento de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la Ley de Amnistía (LOA) aprobada por el gobierno español como parte de los acuerdos con partidos independentistas catalanes para asegurar la investidura de Sánchez tras las elecciones generales de 2023.
El informe señala que la norma "parece constituir una autoamnistía", al haber sido aprobada con los votos de sus propios beneficiarios y como resultado de un pacto político, lo cual, según el documento, podría contravenir principios fundamentales del Estado de derecho en la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional de España se encuentra actualmente deliberando sobre la legalidad de la ley y se espera un fallo antes de que finalice julio.
Este cúmulo de controversias amenaza con erosionar aún más la imagen del Ejecutivo español en un contexto político marcado por divisiones internas y creciente escrutinio europeo.
Foto por Cuarto Oscuro
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