Por Alejandro Torres Rogelio
Una costumbre cada vez más extendida en época de Navidad es regalar a niños y adolescentes teléfonos celulares, tabletas, computadoras, consolas de videojuego y televisores inteligentes. Todos esos dispositivos tienen la capacidad de conectarse a internet para vincularse con otros usuarios, conocidos o no, ubicadas en México o cualquier parte del mundo.
Con tales dispositivos, los usuarios pueden ejercer sus derechos al esparcimiento, a la educación, el acceso a la información y la libertad de expresión, entre otros. Pero también representan un riesgo a su seguridad física y emocional al constituirse en ventanas a su privacidad, su estilo de vida, sus relaciones familiares y de amistad, hábitos, preferencias y costumbres. Esto es particularmente importante cuando se trata de menores de edad y adultos jóvenes.
Por ello, resulta importante recordar que tanto la Constitución como las leyes otorgan a las instancias públicas y a los tutores y padres de familia responsabilidades y obligaciones para el cuidado y orientación de los menores de edad en el entorno digital.
Sin embargo, es común observar que muchos adultos delegan a una pantalla de celular, videojuego o televisor el entretenimiento del niño o adolescente, mientras realizan otras actividades laborales, domésticas o atienden a otros miembros de la familia. Además, los adultos suelen desconocer cómo configurar esos dispositivos y establecer controles parentales porque no entienden las nuevas tecnologías ni cómo bloquear el acceso a sitios de internet no aptos para menores o controlar con quienes interactúan para evitar que otros usuarios abusen de ellos y los hagan víctimas de algún delito.
Si bien la Constitución y la “Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes” garantizan el derecho de los menores a tener acceso a internet y las tecnologías de la comunicación e información, también reconocen sus derechos a una vida libre de cualquier forma de violencia y a desarrollar su personalidad de manera libre y sana, y eso incluye el ámbito digital.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la privacidad, la intimidad y la protección de sus datos personales, y por lo tanto, las leyes prohíben que se les ponga en riesgo, vulnere o se atente contra su honra, imagen o reputación. Esto significa que los adultos tienen una alta responsabilidad de cuidar esos derechos de los menores si van a regalarles o darles acceso a tales ventanas digitales donde pueden ser más vulnerables: celulares, tabletas, computadoras, consolas de videojuegos y televisiones inteligentes.
Esos riesgos no significan que deba prohibirse o negarles a los niños usar esos dispositivos, pues tienen derecho a beneficiarse de esas tecnologías, así como de las grandes oportunidades que ofrece para su buen desarrollo, educación y formación el acceso a internet.
Lo que se requiere es que los adultos asuman un rol mucho más activo de acompañamiento de los menores en su incursión al mundo digital, sin miedo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que aprendan a usarlos, que lean las políticas de privacidad y en su caso se asesoren con los proveedores o con especialistas para fijar controles parentales.
Dice la ley que es responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como de las instituciones públicas “protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación”, así como de “educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación”.