Defensa de la Constitución

La defensa de una Constitución, con las leyes plasmadas en ella, no es simplemente una cuestión de someterse sin más. Atributo de cualquier gobierno legítimo, no es limitarse a generar leyes a través de los procedimientos aceptados, es también coincidir con los principios universales que constituyen a los mismos ciudadanos, que no pueden ser violados por persona, autoridad o legalidad alguna.

La ley, es un proceso legitimante, es decir, el que es capaz de imponer respeto entre los miembros de su sociedad, coincide con principios tan básicos, absolutos, e innegables como el de la dignidad humana. Dignidad se traduce como el común y más importante valor que porta de manera absoluta e irrenunciable cada persona. Cada persona es digna, y ninguna legalidad, por el motivo que sea (apelación a las masas; a la voluntad de un ente “iluminado”; a la clase social …), puede traspasar esa frontera y si lo hace, pierde la garantía de su respeto, esto es la legitimidad.

Cuando en la Inglaterra de Enrique VIII, que era una autoridad legítima y soberana según las leyes de su época, ordenó a los ciudadanos abjurar su fe, desató una tormenta que duraría años en Inglaterra, al tiempo que mostró escenas de dignidad sorprendentes, como aquella de sir Thomas More, ministro del reino, abogado y profesor de la Universidad de Oxford. La amenaza de muerte, y su injusta ejecución, a todos demostraron la dignidad de un personaje que no obedeció una ley injusta.

El grandioso filósofo y abogado hispano, profesor de Oxford y compañero del referido ministro asesinado, será el gran Francisco Suárez, que envuelto en medio de los conflictos británicos por la reforma estableció una inmortal sentencia sobre el abominable instrumento autoritario: Ningún ciudadano cuya dignidad sea amenazada, tiene por qué obedecer dicha ley, esto será el origen del concepto de “desobediencia civil”, que justifica la no colaboración con un sistema político criminal. La “desobediencia civil” no es “desacato”, esto es, no someterse a una ley plenamente legítima, garante de la dignidad de cada ciudadano. No toda desobediencia es justa, solamente aquella, a decir de Suárez, que atenta contra la justicia misma y se hace no para vivir en el desastre, sino para restablecer el orden de cosas que garantice la vida digna de cada persona. No toda confrontación es “resistencia”, aunque ciertos movimientos políticos y sociales denominan a su desacato “resistencia”. En eso hay que ser observador y crítico.

En México, cuando el usurpador Victoriano Huerta se hizo del poder, este llegó “legalmente” a la silla presidencial, es decir, criminalmente forzaron al Presidente Madero a renunciar; el procedimiento constitucional decía que el vicepresidente lo sucedería, pero este, sometido, renunció (Pino Suárez). Acto seguido, el canciller Pedro Lascurain, renunció, hasta llegar finalmente al secretario de gobernación recientemente nombrado por el canciller, es decir, a Victoriano Huerta, que asumiría la titularidad de la suprema magistratura.

Las consecuencias del golpe de estado, y el uso viciado del procedimiento constitucional en torno a la sucesión, implicó una depravación de la legalidad a cuyo nombre se pudieron cometer los delitos con aparente legitimidad. Chihuahua, Sonora y Coahuila, estados soberanos cada uno, eligió el principio de Suárez: “desobediencia civil”, que ante la magnitud del atentado a la constitución y para reconstruir un orden legal justo, con la aprobación de sus respectivos congresos decidieron fundar un nuevo ejército: el constitucional, que, en nombre de la Constitución tergiversada por el oficialismo, se lanzó a arrojar a un gobierno en funciones, dado que este, ilegítimo, se metió con la dignidad civil de cada mexicano respetuoso de la ley y de sus instituciones. No le crean cuando grita que su soberanía, popularidad y “justicia de causa” le permite violar el sistema de justicia como le venga en gana.