Delincuentes, futuros presos políticos

Columnas martes 13 de julio de 2021 -

Por José García Sánchez

Lo primero que un abogado defensor de ex funcionarios públicos recomienda a sus clientes es que declaren su circunstancia como una persecución política, ya después analizan el caso y conocen el origen de los presuntos delitos.

Pocas alternativas tienen para aclarar su situación legal quienes desde sus cargos en la administración pública se sirvieron de ella. Los medios reproducen sus declaraciones y con eso basta para que haya quienes consideren que hay una cacería de brujas. No bastan las evidencias ni las acusaciones que de una u otra manera se mostraron, en esos mismos medios, como supuestos o primicias.

De no declarar persecución política significaría aceptar que hubo delincuentes operando dentro del gobierno. Los sospechosos de ahora parecen ser sólo la punta del iceberg de anomalías que se entretejían en los gobiernos federales del pasado, cuya impunidad estaba garantizada por los sucesores que, al mismo tiempo que cuidaban sus espaldas, operaban en favor de sí mismos en un círculo vicioso sin fin.

Si se concretan los cargos contra los personajes del pasado, sospechosos de delitos contra las arcas públicas, seguramente se autodenominarán presos de conciencia, y si hay más implicados en los casos enunciados o en nuevos delitos habrá toda una serie de detenidos que se denominarán opositores políticos a la 4T, para que se dé la voz de alarma a niveles internacionales que la actual administración pública encarcela a sus detractores y convertirlos en el estatus de presos políticos por obra y gracias de la OEA.

La jugada no es nueva. Lo han hecho en circunstancias similares en otros países, sobre todo cuando hay cambio de gobierno en América Latina. También se sabe el siguiente paso que consiste en pintarse el cabello para el juicio mediático y denunciar la “injusticia” en la OEA y otros organismos internacionales con intereses trasnacionales, de inmediato los medios del mundo se colocarán del lado de las víctimas que disfrazadas de presos políticos esconden sus delitos.

La corrupción no es delito si es denunciada por regímenes contrarios, porque harán parecer que se trata de un acto de venganza que esconde la impunidad a la que estaban acostumbrados. La vocación hacia la impunidad quieren hacerla entrar con calzador al ámbito de las violaciones a los derechos humanos, que en realidad no existen pero su rumor les funciona para hacerse escuchar en foros internacionales intervencionistas y convertirlo en verdad.

El presidente de México es legítimo. Esto lo olvida la oposición porque cree que basta con crear un movimiento ficticio para derribarlo. Saben que tienen de su parte a toda a los intereses extranjeros, entre los que se cuentan medios internacionales, así como de instituciones internacionales como la OEA, pero la receta se les desgastó de tanto usarla y su intención se hace evidente desde sus inicios.