En su conferencia mañanera de ayer, miércoles 15 de julio, el presidente López Obrador retomó, desde Guanajuato, un reclamo que enarbola desde sus tiempos más antiguos. Es una más de las brechas de las que hablé el martes pasado y que los regímenes políticos democráticos contemporáneos han permitido o no han combatido a fondo, como la de bienestar, la digital, la de edad o la de género.
Se trata en este caso de la brecha entre el derecho y la justicia, que agravia a todos y todas, es profunda, lacerante y ominosa y persigue sobre todo a quienes no tienen acceso suficiente a recursos económicos o a los servicios de una o un profesional del derecho. El reclamo está justificado y tiene basamento en dos convicciones que también lo acompañan cotidianamente: sus éticas de la compasión y de la indignación (ver Arte Retórica, de Aristóteles).
Con base en la ética de la compasión, el gobernante crea programas que proveen un respiro y cierta dignidad a los grupos vulnerables de nuestra sociedad que batallan día a día por sobrevivir y sacar adelante a sus hijos e hijas en el marco de una inequidad que en otras condiciones los mantendría en o arrojaría a el más proditorio desamparo y en la más dolorosa postración, que se entiende como “cierta tristeza por un mal que aparece grave o penoso en quien no es merecedor de padecerlo y que, semejante o más grande, podría caer sobre uno mismo o sobre alguien de nuestros allegados”.
Con base en la segunda, insiste su embate cotidiano contra el flagelo de la corrupción y la impunidad dirigiendo sus esfuerzos “contra la buena e inmerecida fortuna de ciertos personajes y grupos” cuyas “venturas y bienes ajenos se obtuvieron con perfidia y villanía”. Para ello, crea acciones de gobierno para restañar la integridad estatal y del tejido social, lesionada por los excesos de quienes infligieron daño al erario y/o pervirtieron el buen nombre del país.
Subyacente a estas dos orientaciones filosóficas del presidente está su concepción jurídica no positivista que le dice que no todo el derecho está en la ley y no todo el derecho es justicia, pues ésta a veces resulta inasible desde las rigideces letristas de la norma escrita y por culpa de interpretaciones demasiado elementales.
En esa concepción, conviene recordar al autor alemán Robert Alexy que define el derecho como “sistema de normas con pretensión de corrección, con un mínimo de eficacia social y que no son extremadamente injustas” y al norteamericano Ronald Dworkin, que dice que el “derecho es integridad”, conceptos iusnaturalistas de primer orden. ¿En español? Creo que AMLO, sin ser abogado, tiene buena intuición jurídica, pues, efectivamente, como diría mi padre: el derecho se sabe, sí, pero la justicia se siente.