Diálogos para la construcción de la justicia social

De este modo, la justicia social, entendida como el conjunto de asimilaciones jurídicas que permiten la reivindicación colectiva, se presentan cómo los principios básicos de cualquier estado democrático de derecho, pues constituye un valor fundamental para buscar el progreso de las sociedades a través de un acceso equitativo a los bienes y servicios, derivados de un aseguramiento efectivo sobre el que todas las personas puedan ejercitar efectivamente sus derechos.

Al respecto, resulta claro que, para garantizar estos principios, depende en gran medida de la capacidad y el desarrollo económico de cada país, por lo que debemos tener en cuenta que, más allá de esto, el establecimiento de mecanismos jurídicos debe atender a una exigencia progresiva para generar herramientas accesibles que se basen en la atención y consideración a todos los sectores de la población.

Por otra parte, la proliferación de la era digital en el seno de la pandemia ha propiciado una transformación más acelerada para el desempeño de la justicia social, ya que la inclusión forzosa de las tecnologías de la información ha reformado no solamente el quehacer cotidiano de la economía y la sociedad, sino que también ha generado la reestructuración de temas sustanciales como el trabajo, la salud y la educación, exponiendo consigo la brecha existente para su acceso y ejercicio como derechos.

Por ello, más allá de la responsabilidad del derecho sobre el tema, debemos recordar que como individuos formamos parte de un ente colectivo, y que, por lo tanto, jugamos un papel fundamental en la custodia de este valor, de tal suerte que es importante la empatía y hacer compatibles nuestros intereses con los de la mayoría y encaminar los esfuerzos individuales a la búsqueda de soluciones que nos permitan reducir las enormes desigualdades sociales existentes. Por lo anterior, resulta indispensable replantear en fechas como esta, la defensa y el progreso de nuestros derechos para abrir paso a la creación de oportunidades para el acceso laboral y educativo, generando un mayor bienestar colectivo que se asiente sobre la dignidad de todas las personas.

En consecuencia, debemos fomentar constantemente la promoción de diálogos que consoliden una comunicación permanente entre los sectores público y privado entre los niveles gubernamentales, y los diferentes actores sociales, con el objetivo de proteger los derechos humanos y poder garantizar la justicia social tan necesaria en la actualidad.