La iniciativa busca cerrar vacíos legales que permiten a deudores alimentarios eludir sus responsabilidades financieras hacia los menores.
La Diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, en un esfuerzo continuo por mejorar la protección de los derechos de los menores en San Luis Potosí, ha presentado una propuesta de reforma al Código Familiar del Estado. Esta reforma tiene como objetivo principal asegurar que los derechos alimentarios de los menores sean plenamente respetados y efectivamente cumplidos.
Vargas Hernández destacó que la propuesta responde a la necesidad de abordar la evasión de responsabilidades por parte de algunos deudores alimentarios, quienes manipulan su situación laboral para evitar la retención de pensiones alimenticias. Además, apuntó que se ha observado la complicidad de algunos empleadores en estos actos de evasión.
Las medidas propuestas incluyen la obligación de los deudores de notificar cualquier cambio de empleo al Juez y de informar sobre nuevas fuentes de ingresos. Además, los empleadores tendrán la responsabilidad de reportar al Juez y al acreedor alimentario las circunstancias de cualquier terminación de empleo de los deudores dentro de un plazo de cinco días hábiles, con responsabilidad solidaria en caso de omisión.
“Con esta reforma, buscamos establecer un mecanismo más estricto y transparente que impida las malas prácticas y garantice que los menores reciban el apoyo financiero necesario para su desarrollo”, afirmó la diputada. También enfatizó la importancia de proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y de actuar contra los vacíos legales que facilitan la evasión de obligaciones alimentarias.
La iniciativa ha sido enviada a la comisión de Justicia para su revisión y estudio, y posteriormente será debatida en el Pleno del Congreso del Estado para su posible aprobación.