Por Víctor Barrera
Aun cuando no existe un censo actualizado de niños y niñas en situación de calle, es necesario actuar con políticas públicas que permitan a este grupo vulnerable insertarse nuevamente en el núcleo familiar afirmó la diputada Leticia Díaz Aguilar
La diputada por Morena subraya que la pobreza es uno de los principales factores de la desintegración familiar y por ende que muchos de estos niños salgan a la calle en la búsqueda de un sustento económico o de cariño y amor que no encuentran en sus hogares.
Esto los hace vulnerables y expone a robos, violaciones, prostitución, consumo de drogas, desnutrición, accidentes, enfermedades, asesinatos, trata de personas, explotación y pederastia, por lo que quedan a merced de la delincuencia.
Díaz Aguilar señala también que los niños y niñlas situación de calle también pierden la oportunidad de asistir a la escuela por no contar con documentos personales, lo que hace más difícil buscar a sus familiares
“La atención de la pobreza en la niñez es prioritaria, toda vez que en esta etapa de la vida existe una mayor probabilidad de que se vuelva permanente y sus consecuencias sean negativas e irreversibles”, añade.
Ante esto, la legisladora prepara una iniciativa para reformar y adicionar las fracciones XIX y XX del artículo 13 y adicionar la fracción XXI del propio artículo, así como incluir el capítulo vigésimo primero, denominado “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle”, al título segundo que comprende los artículos 101 Ter, 101 Ter 1, 101 Ter 2 y 101 Ter 3 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Su finalidad es establecer que las niñas, niños y adolescentes en situación de calle son los que tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, rotos por inestabilidad o desestructuración familiar, que hacen de la calle su hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes elaborará un protocolo de atención para esa población y las acciones de asistencia y protección que deberán implantar las procuradurías encargadas del tema de cada entidad federativa.
Además, estipular que el sistema nacional, los estatales y municipales DIF habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibirlos y, puntualizar que las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas públicas en la materia con la finalidad de lograr la reinserción familiar y social.