La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprobó sin modificaciones la minuta enviada por el Senado que establece nuevas regulaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Con esta reforma, se definen las funciones que anteriormente desempeñaba el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Luego de un debate que se extendió por más de dos horas y media, la propuesta fue avalada con 25 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, mientras que PRI, PAN y MC emitieron cinco votos en contra. Tras su aprobación en la comisión, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara para su análisis y votación en el pleno.
Según lo estipulado en el documento, tras la eliminación del Inai y los organismos garantes de transparencia en los 32 estados, “la tutela del derecho de acceso a la información y la política de transparencia” pasará a ser responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), en lo que respecta a la administración pública federal.
Para cumplir con esta función, se creará un órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, el cual “tendrá en el ámbito federal las mismas atribuciones que las demás autoridades garantes y adicionalmente conocerá y resolverá los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas”.
El dictamen detalla que esta nueva entidad solo podrá intervenir “siempre que la solicitud de información se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos federales”. Asimismo, se le asignará la tarea de elaborar un informe anual sobre sus actividades y sobre la situación general del acceso a la información en el país.
Además de supervisar la transparencia gubernamental, la SABG asumirá la función de protección de datos personales en posesión de los particulares. En caso de inconformidad con sus resoluciones, los ciudadanos podrán interponer recursos legales, incluyendo el juicio de amparo, el cual “será substanciado por jueces y tribunales especializados en la materia, que determine el Poder Judicial de la Federación”.
Como parte de la reestructuración de los organismos de acceso a la información, se determinó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje serán los encargados de atender solicitudes de transparencia relacionadas con sindicatos, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo hará en el caso de los partidos políticos.
Adicionalmente, se otorgarán facultades en esta materia al órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, según el tipo de información solicitada.
Por último, el dictamen señala que “se sustituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, al cual se le elimina la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia, toda vez que la misma se regula desde la ley”.
Imagen: Cuartoscuro