Por Pepe Delgado
Maricela “N”, de 16 años de edad, de origen otomí, es la tercer menor de edad indígena que aparece muerta en la zona centro de la Ciudad de México en un periodo de cinco meses.
Su muerte se suma a la de los dos menores de origen Mazahua, Alan Yahir y Héctor Efraín, de 12 y 14 años, respectivamente, quienes desaparecieron la noche del 27 de octubre de 2020 en las inmediaciones del templo de San Hipólito.
Días después, el 4 de noviembre, agentes de la policía capitalina detuvieron a Edgar “Z”, de 38 años, en las calles de República de Chile y Belisario Domínguez, colonia centro, cuando manipulaba un diablito con cajas de plástico color café, donde trasladaba los cuerpos de los menores.
De acuerdo con las indagatorias de la policía de investigación, su muerte puede estar vinculada con un hecho de tránsito ocurrido en pleno corazón de Paseo de la Reforma con su cruce con Bucareli, ya que la madrugada del 22 de marzo, aproximadamente a las 02:30 horas sería atropellada o quizá la arrojaron sobre el asfalto y un automóvil la arrolló.
Ante el impacto mediático que cobró este caso de la menor de origen otomí, la Fiscalía negó en un principio que estuviera muerta y mucho menos que su deceso fuera por causas violentas, incluso dijo que la fallecida, era una mujer de 25 años.
Sin embargo, ayer más de 200 integrantes de la comunidad otomí, incluyendo a Esther y Joaquina, tías de Maricela, exigieron justicia y que se detenga al presunto responsable. Además de que se indague como un feminicidio.
Señalaron una serie de errores en la cadena de custodia y en la aplicación de protocolos, además de que en varios momentos presentaron y exigieron apoyo al 911 y no las tomaban en serio por ser indígenas, en una palabra, fueron discriminadas.
“Qué pensaban que porque éramos indígenas no íbamos a reclamar”, declaró Joaquina a los reporteros que preguntaron los motivos de por qué la autoridad trataba de negar la muerte de la menor.
VENTANAL
Ayer, diputados del Congreso de la Ciudad de México tomaron protesta a 10 nuevos magistrados y magistradas de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por un período de seis años, luego de ser electos en reconocimiento a su carrera judicial, ya que todos se desempeñaban como jueces. Esta elección se distinguió también por la paridad de género al ser electas cinco magistradas: Griselda Martínez Ledesma, Leticia Rocha Licea, María de los Ángeles Rojano Zavaleta, Rosa Gloria Santos Mendoza y María del Rosario Tirado Gutiérrez; y cinco magistrados: Eliseo Juan Hernández Villaverde, Jorge Martínez Arreguín, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, Jaime Silva Gaxiola y José Luis Zavaleta Robles que rindieron protesta ante el Pleno del Congreso. A la toma de protesta asistió el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.