La semana pasada se suscitaron diversos hechos relacionados con los cimientos de nuestro entramado electoral; unos inconclusos, como el proyecto de reforma a diversas leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo proyecto de reforma fue aprobado con ajustes por la Cámara de Diputados y devuelto al Senado, como lo prevé el artículo 72 constitucional.
Los aspectos que contiene este proyecto de reforma electoral causaron un amplio debate público que opacó otro igualmente relevante: la aprobación de un nuevo marco geográfico electoral nacional.
Las delimitaciones electorales, denominadas en la teoría política como circunscripciones, constituyen uno de los elementos fundamentales de los sistemas electorales, al definir el espacio territorial en donde se elige democráticamente a quienes ocuparán un cargo público.
Muchos de éstos se votan en espacios geográficos previamente reconocidos, como los ayuntamientos en municipios; las gubernaturas en las entidades federativas; o la Presidencia de la República en todo el territorio nacional. No obstante, no existe una delimitación “natural” para elegir a las y los diputados, ni en el ámbito federal ni en el local o estatal.
Esta delimitación geográfica la finalizó hace unos días el INE observando puntualmente lo previsto en las normas constitucionales y legales, utilizando además, complejos modelos matemáticos y sistemas informáticos.
Quizá lo más relevante es la definición de criterios técnicos y reglas de evaluación para que los partidos políticos y los pueblos indígenas y afromexicanos generaran propuestas de mapas distritales. Esto es, aunque la facultad de establecer los límites distritales es exclusiva del Consejo General, las propuestas son formuladas por las fuerzas políticas y comunidades indígenas y afromexicanas en conjunto con el área técnica responsable y un comité de expertos técnicos.
El resultado de este método de construcción incluyente fue, que los marcos distritales de 22 entidades federativas se elaboraron con la participación y apoyo unánime de los partidos políticos; otras ocho con un respaldo ampliamente mayoritario; y solo 2 fueron apoyados por una minoría, pero presentando condiciones técnicas mejores que las otras propuestas, por lo que tampoco fueron cuestionadas durante su aprobación.
Este respeto a las reglas y principios aceptados como estándares en los países democráticos, así como el comportamiento responsable y ético de quienes participaron en el proceso de distritación electoral, lo reviste de solvencia técnica, aceptación política, es decir, de integridad electoral.
Quienes se encuentran involucrados en el proceso de reforma electoral podrían revisar estos métodos de construcción técnica, alejados de frases y posiciones que van desde no mover una coma hasta no tocar un solo pelo.
La vida democrática se debe construir con base en la razón y el diálogo, partiendo de las coincidencias que todos tenemos, incluso partiendo del aminoramiento de los costos electorales, revisando facultades de los organismos electorales, pero sin cortar las extremidades del cuerpo electoral.
*Secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia del INE