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El delito de despojo en la Ciudad de México es cuando uno o más individuos priva a otra persona del uso de un inmueble mediante violencia, amenazas o engaño.
En pocas palabras, el delito de despojo ocurre cuando a una persona le es arrebatado su patrimonio, su hogar que tantos años de trabajo y ahorro le costó.
Durante el sexenio pasado en la Capital del País, más de 24 mil personas fueron observadores del arrebato de sus propiedades. Fueron 24 mil 318 personas que denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia el despojo de sus propiedades.
Esto no solo afectó a 24 mil personas, porque cada familia, en promedio, esta constituida por tres integrantes, lo que empeora las cosas pues el número de afectados por estos despojos haciende a más de 72 personas.
Datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina arrojan que las principales modalidades de despojos consisten en que las personas entran a inmuebles donde viven adultos mayores o mujeres solas y les cambian la chapa.
También estos despojos son cometidos por invasiones de organizaciones sociales, sentencias apócrifas y también verdaderas, pero con fraudes procesales.
En 2019 la Fiscalía inició tres mil 994 carpetas; en 2020, cuatro mil 295 y en 2021 cuatro mil 693 denuncias, siendo éste el número más alto del sexenio.
Mientras tanto, en 2022 registró cuatro mil 379 investigaciones; en 2023, cuatro mil 399 y hasta septiembre de 2024 se registraron más de 2 mil 500 casos.
En el acumulado de investigaciones, se puede observar que Iztapalapa es la alcaldía donde más se registran estos delitos con dos mil 572 casos; le sigue Gustavo A. Madero con dos mil 296; Cuauhtémoc, mil 622; y Tlalpan, que acumula mil 476.
Como podemos ver, las mujeres, los adultos mayores y los habitantes de Iztapalapa son las personas más afectadas por los despojos de estas organizaciones delincuenciales que, sin temor a equivocarme, encuentran un aliado en el sistema de justicia de la Ciudad de México.
Al inicio de la administración pasada, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la entonces Procuraduría General de Justicia local, el Tribunal Superior de Justicia local y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México instalaron una mesa de trabajo enfocada a evitar los despojos en la capital del país.
No obstante, en la última comparecencia que Néstor Vargas Solano, consejero jurídico, tuvo ante comisiones del Congreso local, expuso que la mesa no funcionó por propias inercias de las dependencias participantes.
Para combatir el despojo de inmuebles de manera efectiva, es necesario que las autoridades competentes trabajen de manera coordinada.
La Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría Social de la Ciudad de México deben unir esfuerzos para investigar los casos de despojo, detener a los responsables y garantizar la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Solo pónganse en su lugar de las víctimas, de esas 24 mil personas que vieron arrebatado su patrimonio. Todos aquí buscarían justicia, apoyo, respaldo. Por eso urgen acciones tanto de la fiscalía General de Justicia, de la secretaría de seguridad ciudadana y del Tribunal Superior de Justicia, para recuperará las viviendas de las personas que han sido despojadas.