Uno de los efectos nocivos -desde luego que no fue siquiera previsto por quienes impulsaron la reforma-que ha traído la reforma judicial para la ciudadanía, es la permanencia en la función de quienes, sabiéndose destituidos, vejados y vilipendiados, decidieron continuar hasta el último día de agosto del 2025. No es este el lugar para cuestionar o juzgar los motivos o causas por las cuales cada persona juzgadora decidió mantenerse en el cargo, a pesar de las condiciones tan adversas en las que tienen que resolver los casos que siguen llegando a las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, lo que sí corresponde de manera respetuosa al tiempo que firme, es recordarles que, si esa es la decisión que tomaron de manera libre, más allá de la legitimidad o no de la causa, no parece razonable que en este momento de cierre de ciclo afloren actitudes dudosas para lo que significa la altísima responsabilidad de juzgar. De quienes decidieron mantenerse hasta el último día de agosto de este año, esperamos que ejerzan su función no solamente con independencia e imparcialidad, sino con el mismo o mayor compromiso con el que asumieron su función, además de mostrar una sensibilidad hacia los justiciables, quienes en última instancia, serán los más afectados con las modificaciones al sistema de justicia, pues durante años van a afrontar un modelo judicial en experimentación y del cual no se sabe con certeza a qué atenerse.
Y es que, en los foros del litigio, la academia y otros sectores jurídicos, permea con fuerza una conversación recurrente sobre lo que está sucediendo en distintos órganos del Poder Judicial de la Federación -no en todos, desde luego-. Personas juzgadoras a las que no se les ve nunca en el tribunal, porque ya no van; otras que no reciben a las partes -o solamente a personajes de alto perfil político oempresarial- y delegan todo en su equipo de ponencia; otras que en esta etapa han optado por estigmatizar abiertamente a algunas de las partes en las contiendas, adoptando prejuicios inamovibles y fallando todo a favor o en contra de los estigmatizados; equipos de ponencia o de juzgados de distrito -que están trabajando ya sin incentivos de hacer carrea judicial como forma de vida, afectados en sus derechos laborales y prestaciones, y con la incertidumbre de las personas titulares que llegarán- que seniegan a escuchar a las partes y, si lo hacen, muestran su molestia por la “pérdida de tiempo” que ello les representa ante la carga de trabajo.
En este escenario, estamos atestiguando una justicia constitucional en la que la mística se desdibuja, la sensibilidad se endurece, la comprensión se desvanece y el compromiso está comprometido. Susseñorías, si por decisión libre y propia se han quedado hasta el final, respetuosamente, les pedimos queno conjuren -paradójicamente- las causas sobre las cuales -falazmente- se fundó la necesidad de la reforma: un Poder Judicial Federal distante, insensible, arrogante y desinteresado de las personas,porque México y su sociedad no se merecen esto.
Obiter dicta.
Nuestro Poder Judicial de la Federación fue originariamente concebido como una rama libre, autónoma y de excelencia, esencial para la cabal vigencia de la Constitución federal. En medio de las tribulaciones que la anómala reforma sigue produciendo, no olvidemos que la fortaleza, autonomía y capacidad de la decisión de sus órganos, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia, son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de justicia.