Sin brújula ni escudo

Pocas omisiones tan graves como la que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030: la completa desaparición de la seguridad nacional como categoría estratégica del Estado. En vez de diagnosticar riesgos, anticipar escenarios o trazar rutas para proteger la soberanía, el documento se refugia en generalidades. Confunde seguridad pública con seguridad nacional y lo reduce todo a una mención vaga de “inteligencia e investigación”, más bien decorativa que estructural.

En contraste, el PND 2013–2018 tenía claridad institucional. Reconocía que un Estado sin capacidad para defender su territorio, su infraestructura crítica o su orden constitucional está condenado a la fragilidad. Se hablaba de amenazas híbridas, ciberseguridad, defensa territorial, coordinación interinstitucional y, sobre todo, de inteligencia estratégica. Hoy, todo eso fue borrado de un plumazo.

No hay una sola mención a la protección del ciberespacio nacional, al blindaje de cadenas logísticas estratégicas, ni a la seguridad energética. Tampoco se alude al papel del Estado ante desastres tecnológicos o a la defensa de información crítica frente a amenazas externas. El concepto de riesgo se limita a lo social. Se ignoran por completo las capacidades institucionales de defensa civil, las funciones de mando conjunto o las relaciones internacionales en materia de inteligencia. El Estado, en este plan, parece vivir en un mundo sin fronteras ni conflictos.

Resulta paradójico —y políticamente revelador— que esa omisión ocurra bajo el gobierno más militarizado que haya tenido México desde el siglo XX. Si había un campo en el que podían haber dejado algo técnicamente rescatable, era éste. Y sin embargo, optaron por callar. Cuando más poder tienen las Fuerzas Armadas, menos se habla de defensa nacional. Es el síntoma de un modelo improvisado.

Lo advirtió en tribuna el diputado Juan Zavala, en un debate reciente sobre seguridad: “cuando se legisla al vapor, vienen las contradicciones y la incongruencia”. Lo mismo aplica aquí. No hay diagnóstico, no hay prioridades, no hay un sistema funcional. Solo narrativa.

Jorge Álvarez Máynez, en México Nuevo, lo planteó con claridad: una política de seguridad debe sustentarse en instituciones civiles, justicia eficaz y una arquitectura estatal capaz de sostener la paz. Para que la seguridad pública funcione, la seguridad nacional tiene que proveer estabilidad, continuidad y control. Sin escudo, no hay pacificación posible.

Hoy México carece de una política de seguridad nacional. No por error, sino por omisión voluntaria. Y eso es más grave. No se puede gobernar un país sin prever lo improbable. Lo que este plan calla, el Congreso tendrá que corregirlo. O el costo nos alcanzará cuando ya sea irreversible.