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El Ágora

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Columnas viernes 23 de septiembre de 2022 -

La seguridad, problema de voluntad política

Más allá de la estrategia que se debe instrumentar para combatir el flagelo de la inseguridad, urge la voluntad política que posibilite una acción contundente para frenar este problema social. La polémica desatada por la militarización de la seguridad pública es un esfuerzo estéril que solo confronta posiciones, pero nada aporta a la solución del conflicto.

La función primaria de todo Estado es garantizar la seguridad de la población, así como preservar su vida y patrimonio; ello requiere de un pacto social que permita la gobernanza, donde los ciudadanos renuncian a la justicia de propia mano y confían en un marco constitucional que los protege mediante cuerpos de seguridad profesionales, de carácter civil, y se reserva la participación de las fuerzas armadas para casos de excepción o situaciones extraordinarias por periodos cortos.

Pero los gobiernos posrevolucionarios optaron por las policías preventivas y de investigación para mantener el orden y la paz social. Ningún régimen había recurrido o decretado un Estado de excepción para utilizar al Ejército como tal en la recuperación de la tranquilidad y el orden. Las administraciones recurren a estilos para combatir a la delincuencia. Famoso fue el Servicio Secreto o la efímera División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), áreas de la policía para contener o administrar el delito, pero su escandalosa corrupción terminó por desaparecer esos esfuerzos por evitar que la criminalidad vulnerara la paz social y ocupara santuarios de impunidad.

A finales del siglo XX, se apostó por formar cuerpos policiales civiles bajo un Programa Nacional de Seguridad Pública que homologara funciones en estados y municipios, se invirtió en capacitación, mejora salarial e incluso de adoptaron las compras consolidadas de vehículos y armamento para los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la diversidad de legislaciones y de marcos penales, la falta de voluntad política de gobernadores y ediles, más la corrupción endémica de las corporaciones y el poder económico y corruptor del crimen organizado erosionaron la función de seguridad pública y fracasaron las estrategias en la materia. A tal grado llegó la inacción gubernamental que la violencia promovida por los delincuentes posibilitó su avance territorial y el control de la gobernanza.

A principios del siglo XXI, la estrategia se basó en quitar el manejo de la seguridad a la Secretaría de Gobernación y se creó una dependencia de Seguridad Pública Federal que coordinara los esfuerzos, a nivel nacional, para contener los delitos, fomentar la prevención y apoyar a las fuerzas del orden locales. Para ello se instrumentó un cuerpo policial formado por elementos del Ejército que ya no estaban en activo, se formó un área de inteligencia para la prevención y se absorbió a la famosa Policía Federal de Caminos. Así se formó la Policía Federal Preventiva que dio razonables éxitos en la materia como fue la pacificación de Chihuahua, después de la ola de feminicidios que se desató a finales de los noventas, se recuperó la paz en Tijuana y otras ciudades fronterizas, incluso se limpiaron los penales los penales, convertidos en hacinamientos donde la droga y la violencia posibilitaron los autogobiernos.

Sin embargo, como dijera el ex secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, en México nos pasamos inventando al país cada seis años. Nuevas estrategias acabaron con ese proyecto y se apostó por sacar al Ejército a las calles, sin objetivos precisos ni plan de acción, deformando su participación hasta llegar a la desaparición de los mandos civiles de la Guardia Nacional para dejar a los militares ad perpétuam el manejo de la seguridad pública. Muchos actores políticos no dan posibilidades de éxito a la apuesta.

Insisto, lo que hace falta es voluntad política de los gobernantes para retomar, mediante policías locales, la solución a los problemas de inseguridad, ya que la mayor parte de la incidencia delictiva es del fuero común. No es problema de policías y ladrones, ni quien debe combatirlos -civiles o militares-, sino de voluntad política.

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