Columnas
El primero de febrero inició el segundo periodo del tercer año legislativo, cinco periodos de sesiones han pasado y puedo decir, que en cada uno se ve reflejado el sentir de las personas que me refrendaron su confianza, he trabajado por las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, de la diversidad sexual, mujeres embarazadas, trabajadores en el espacio público, igualdad de género, sólo por mencionar algunos.
Este periodo legislativo tendrá grandes retos y uno de los pilares de mi trabajo será el camino para aprobar la Ley Nacional para la Aplicación de Órdenes y Medidas de Protección Emergentes y Preventivas de Delitos Cometidos por Razones de Género, Violencia Familiar y casos en los que las victimas están en condiciones de vulnerabilidad, porque dentro los múltiples problemas que enfrenta el país está la violencia de género y la violencia familiar, violencias que abarcan una serie de manifestaciones que colocan en grave riesgo a las víctimas una vez que presentan denuncias o querellas, en ese sentido, México registra una escalada sobre ambos tipos de violencia debido a que las víctimas acuden a las policías o ante el Ministerio Público. Al mismo tiempo, las omisiones institucionales se han convertido en un factor criminógeno de mayor violencia hacia las víctimas,caracterizadas principalmente por la falta de infraestructura.
No obstante, los procesos y métodos de trabajo para la aplicación efectiva de lasórdenes y medidas de protección preventivas y de emergencia, contemplados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales, no son los óptimos para garantizar que lasvíctimas no queden expuestas a condiciones de vulnerabilidad.
El contexto antes descrito ha derivado una doble victimización institucional ysecundaria afectando a mujeres, niñas, adolescentes y a familiares directos eindirectos, dando origen a otras transgresiones a sus derechos fundamentales y, en ocasiones, el aumento de feminicidios. En un alto porcentaje de estos casoslas órdenes y medidas de protección son inaplicables ante la ausencia de procedimientos eficaces y de instituciones conformadas de manera exclusiva para su inmediato cumplimiento, seguimiento, monitoreo y evaluación.
Para controlar, disminuir y erradicar este tipo de violencias es necesario analizaropciones de política pública específica basadas en evidencia y diseñar una en consecuencia, dirigida a fortalecer las normas declarativas en las órdenes ymedidas de protección reguladas en la legislación general y en las respectivas leyes estatales.
El estado de cosas que prevalece tiene su origen en la ausencia de mecanismoseficientes que cumplan con el principio de oportunidad y proporcionalidad en lasórdenes o medidas de protección. La garantía para descolocar el riesgoinminente de sufrir otros daños similares o más graves está en la instalación de estructuras y procesos institucionales en las policías y fiscalías que contempleninnovadores procedimientos y métodos de trabajo destinados exclusivamente a la neutralización y eliminación de riesgos para las víctimas.
María Rosete
#porlosqueamamos.