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El derecho al cuidado digno sin empobrecimiento

El derecho al cuidado digno sin empobrecimiento

Columnas jueves 27 de noviembre de 2025 -

El cuidado se ha convertido en uno de los factores más decisivos —y menos reconocidos— para explicar la desigualdad económica en México. La evidencia es rotunda: cuidar empobrece. El sistema actual obliga a las familias a absorber solas un costo que excede sus capacidades reales.

Según la ENUT 2024, las mujeres dedican 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esa cifra es casi una jornada laboral adicional, sin pago, sin seguridad social y sin reconocimiento. En situaciones de cuidado intensivo —una enfermedad, una discapacidad, la dependencia de una persona mayor— la carga aumenta y desplaza horas de trabajo remunerado. Es una ecuación simple: menos tiempo disponible significa menos ingresos y menos protección social.

El problema no termina ahí. El cuidado profesional de una persona adulta mayor puede llegar a 22 500 pesos mensuales, mientras que el ingreso promedio por hogar en México es de 25 955 pesos. Esa disparidad ilustra la fragilidad del modelo: una sola necesidad de cuidado puede consumir prácticamente todo lo que entra a un hogar en un mes. No es una hipótesis remota; es un riesgo estructural. Cualquier familia está a unas cuantas jornadas de cuidado intensivo de quebrar.

El país opera sobre un “PIB invisible”: el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 26.3% del producto interno bruto. Ese valor sostiene la vida cotidiana, pero lo asumen principalmente mujeres sin que ello les genere ingreso propio, derechos laborales o estabilidad futura. Se sostiene un sistema entero sobre la precariedad de quienes cuidan.

Frente a esto, Movimiento Ciudadano ha propuesto una política nacional de cuidados basada en corresponsabilidad y en el reconocimiento económico del cuidado. Su programa plantea repensar la organización laboral, escolar y social para distribuir de manera justa el tiempo y el costo del cuidado. A nivel legislativo, la iniciativa para reformar los artículos 4º y 73 constitucionales abre la puerta a un Sistema Nacional de Cuidados con carácter de derecho humano.

En la Ciudad de México, la iniciativa presentada por Royfid Torres profundiza esa visión. Su artículo primero reconoce explícitamente el derecho a cuidarse, cuidar y ser cuidado, y establece un principio presupuestario clave: los recursos no podrán disminuir respecto del ejercicio fiscal anterior. El cuidado deja de ser gasto discrecional y se convierte en obligación del Estado.
Esa y otras iniciativas se han perdido en la falta de voluntad presupuestal del oficialísimo a quienes gusta el discurso de cuidados, pero no los costos del establecimiento del sistema que prefieren asignar a cosas notablemente menos importantes.
Garantizar un cuidado digno sin empobrecimiento no es un gesto simbólico. Es una política económica de primera necesidad. Porque un país que permite que sus familias quiebren por cuidar está renunciando, en los hechos, a su propio futuro.



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