Columnas
La seguridad en entornos tecnológicos es un tema de creciente relevancia en la actualidad. El robo de identidad y el fraude cibernético representan riesgos significativos para las personas usuarias, causando daños patrimoniales y vulneraciones graves, por lo que debe ser considerada como un tema de seguridad nacional. Por ello, es fundamental que tanto la población como sus representantes se involucren activamente en la lucha contra estos delitos, incluyendo el ámbito legislativo.
El robo de identidad y el fraude se producen cuando los datos personales de un individuo se obtienen ilegalmente y se utilizan para cometer acciones fraudulentas, como abrir cuentas bancarias o adquirir créditos a nombre de la víctima. Estos delitos, realizados de manera cibernética, plantean desafíos adicionales debido a la sofisticación de las redes criminales y a la dificultad para su seguimiento y enjuiciamiento.
Por este motivo, es fundamental que los países cuenten con una regulación integral sobre delitos cibernéticos, alineada con estándares internacionales, para reducir la brecha digital y aumentar la conciencia sobre seguridad cibernética entre la población. Se necesita un enfoque flexible y ágil desde el marco regulatorio, que pueda adaptarse rápidamente a la evolución de estos delitos.
En México, el marco jurídico en materia de ciberseguridad y ciberdelincuencia es complejo y abarca múltiples disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Sin embargo, se requiere una ley específica que regule con mayor precisión estos delitos y tipifique de manera clara la legislación penal para abordar el robo de identidad y el fraude cibernético.
Es necesario fortalecer las medidas de protección en el sector bancario, incorporando tecnologías avanzadas para detectar y prevenir el fraude cibernético. Asimismo, se debe mejorar la capacitación en ciberseguridad del personal público y privado, así como fomentar la colaboración entre la industria, los usuarios y el gobierno federal para combatir la impunidad en estos delitos.
En la víspera, el colectivo PSI-México, que lidera Ezequiel Aguiñiga Tinoco, evidenció que se registran más de 2.7 actos ilícitos al año en este ramo, por lo que pidió a los candidatos a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez ofrecer las acciones que implementarían de llegar a la silla presidencial; delitos que suman millones de dólares al año en pérdidas al Estado mexicano, empresas y personas en todo el país.
La ciberdelincuencia representa un desafío sustancial para el Poder Legislativo en México y requiere de acciones coordinadas y efectivas. La adopción de medidas legales adecuadas, basadas en la evidencia científica y los estándares internacionales, son indispensables para proteger a la población y prevenir estos delitos en el futuro.
Basta recordar casos como, la filtración del colectivo “Guacamaya” a los archivos cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos, documentos clasificados como confidenciales; la extracción ilegal de más de 67.6 millones de pesos que en 2023 perdieron diversas instituciones bancarias en el país según el último reporte del Banco de México; o, la extracción de más de 91 millones de registros ciudadanos que custodiaba el Instituto Nacional Electoral (INE) y que estuvieron en venta, de manera ilegal, en diversas plataformas digitales en 2021.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Todos los lunes, antes de las 8:00 a.m., participo con Jesús Aguilar en Factor 96.1 con temas de tu interés y del trabajo legislativo. San Luis Potosí el mejor Estado de México.
— Héctor Serrano (@HectorSerranoC) February 10, 2025