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El estado de la Nación

El estado de la Nación

Columnas jueves 03 de septiembre de 2020 - 00:40


En la mayoría de las democracias contemporáneas, las constituciones o normas fundamentales establecen la obligación a cargo de quien ejerce la jefatura de gobierno, de rendir un informe ante los parlamentos integrados por representantes populares elegidos por las sociedades, con el propósito de presentar el estado general que guardan los países.
En México, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que, en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso General de cada año, quien ocupe la presidencia de la República deberá presentar un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda el país.
Los estadounidenses fueron los primeros en convertir el informe a la nación en un acto solemne y en los regímenes parlamentarios (especialmente los europeos), informar al Parlamento es un acto inherente al propio gobierno que surge de ese órgano legislativo y que se realiza, además, no sólo una vez al año, sino cada ocasión que dicho órgano lo solicite.
El informe es, en esencia, un acto máximo de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo federal, propio de un régimen democrático. El informe significa también un control político de parte del Poder Legislativo, integrado por los representantes elegidos por la sociedad, para valorar la conducción del gobierno y su administración de conformidad con los mandatos constitucionales y legales adoptados en democracia.
Dos fenómenos políticos de nuestro régimen que son opuestos y radicales han generado costumbres constitucionales que condujeron a que este ejercicio de rendición de cuentas, control político, debate y deliberación pública, toma de acuerdos, renovación de compromisos y adopción de rectificaciones necesarias, no sean posibles, en claro perjuicio de nuestra democracia.
El primer fenómeno, fue el ejercicio del presidencialismo desbordado y autoritario, que con oropeles faraónicos hicieron del informe el: “día del presidente”, desnaturalizando la esencia constitucional del deber de informar a la sociedad sobre los actos de gobierno y el ejercicio de los recursos públicos.
El segundo fenómeno, llegó de la mano de la primera alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, con la caída del partido hegemónico (PRI) y una integración pluripartidista del Congreso, en el que el presidente Fox ya no tuvo mayoría (desde Zedillo). Un Congreso fuerte e independiente del Ejecutivo generó una práctica de filibusterismo hacia éste (obstrucción parlamentaria), clausurando de manera definitiva en 2005, todos los canales de debate y discusión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, respecto los temas que más importan a la sociedad mexicana.
Desde hace 15 años, el informe es un acto de surrealismo político. El presidente postula su visión, su realidad y sus resultados, sin que nadie lo interpele, cuestione o debata. El Congreso responde el informe, en ausencia de quien tiene obligación constitucional de rendirlo, sin posibilidad de interlocución.
Necesitamos inaugurar una nueva etapa para recuperar la esencia constitucional del informe presidencial, que es la rendición de cuentas y el control político de los actos presidenciales, pero para ello, es indispensable que la persona obligada acuda al Congreso de la Unión, para que exista un debate, cuestionamientos concretos, explicaciones, puntos de acuerdo, compromisos y rectificaciones.
Quien ocupa la presidencia de la República debe gobernar con libertad de maniobra, dentro de los límites que confiere la Constitución, pero es innegable también que ese ejercicio debe ser sometido a un escrutinio político y social estricto para evitar los abusos del poder.
Este es uno de los grandes pendientes de nuestra democracia constitucional, ojalá que pronto exista voluntad política para adoptar un formato propio de la etapa contemporánea que vivimos, que sea útil a nuestro país y sociedad.

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/CR

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