El incesante e impune negocio del despojo de propiedades en la Ciudad de México

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

La Ciudad de México enfrenta un oscuro, incesante e impune negocio del despojo de propiedades, que involucra a abogados, notarios, políticos y grupos criminales. Este flagelo deja innumerables víctimas despojadas y afecta profundamente la estructura social y económica de la ciudad. En 2022, se abrieron más de 4 mil investigaciones relacionadas con el despojo, evidenciando un incremento preocupante y la necesidad de soluciones eficaces y justas.

Los criminales, con una precisión escalofriante, se enfocan en personas mayores o vulnerables, falsifican documentos y cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos. El despojo genera inseguridad jurídica, erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de corrupción e ilegalidad. Ante esta situación, las autoridades y el Colegio de Notarios han implementado estrategias como la verificación biométrica para proteger la autenticidad de las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, estas medidas aún no han logrado detener completamente este inhumano mercado.

Este problema no es exclusivo de México, pero como siempre he dicho, el que sea un fenómeno global no debe ser un consuelo para nosotros como sociedad. La ONU ha instado a los Estados a introducir leyes que prohíban los desalojos forzosos y respeten los derechos humanos internacionales. No obstante, en la Ciudad de México, y en la mayoría de las entidades del país, el despojo de propiedades sigue siendo una problemática alarmante y sistemática. Reportajes, uno del diario Excélsior, uno de La Jornada y otro del diario español El País, revelan la magnitud y la gravedad de este fenómeno. Muestran la concentración de despojos en cuatro alcaldías específicas (Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan) y la explotación de adultos mayores por bandas criminales especializadas en este tipo de delitos.

Excélsior informa que estas alcaldías representan el 47 por ciento de las investigaciones por despojo entre 2016 y 2021, sumando casi 9 mil casos de un total de 19 mil 184 denuncias. La Jornada, por su parte, subraya la utilización de viviendas abandonadas y propiedades en zonas de alta plusvalía y áreas ejidales, evidenciando una diversificación en las tácticas y ubicaciones de estos crímenes. El uso de documentos falsificados durante la pandemia de COVID-19 para despojar a propietarios fallecidos, y la implicación de profesionales como abogados y notarios en estos procesos ilícitos, reflejan una corrupción profunda y multifacética. Esta situación no solo muestra la sofisticación del crimen organizado, sino también una falla crítica en los sistemas de protección legal y de propiedad. El País, subraya que se trata de una estructura aceitada que consiste en localizar un bien inmueble, estudiar a la víctima y luego sacarle la propiedad en instancias judiciales a las que acuden con documentación falsificada con la ayuda de funcionarios corruptos. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo el año pasado se abrieron en la Ciudad de México 4 mil 039 carpetas de investigación por el delito de despojo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha implementado la estrategia "mesa de despojos" y ha propuesto reformas legales para permitir detenciones en flagrancia. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es aún cuestionable frente a la magnitud del problema y la aparente lentitud y burocracia en el proceso de recuperación y restitución de inmuebles. La elección de adultos mayores como blanco principal y la prevalencia del despojo en ciertas áreas evidencian una falta de humanidad por parte de los criminales y una vulnerabilidad alarmante de ciertos sectores de la población. Este fenómeno deja a muchos ciudadanos en una situación de indefensión y desamparo. La falta de acción efectiva para contrarrestar el problema, pese a su reconocimiento, es un tema recurrente. La impunidad y la desatención señaladas por expertos y abogados entrevistados reflejan una urgente necesidad de reforma y una acción decidida para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los reportajes sobre esta inaceptable situación no sólo ofrecen un panorama detallado del despojo de propiedades en la Ciudad de México, sino que también sirven como un llamado crítico a las autoridades y a la sociedad en general. La necesidad de una respuesta más firme, eficiente y humana es imperativa para enfrentar este grave problema y para asegurar la justicia y la protección a los ciudadanos más vulnerables de la capital mexicana. Expertos subrayan la necesidad de una estrategia integral y la colaboración entre diferentes sectores y niveles de gobierno para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, este problema es indicativo de cuestiones más profundas en la sociedad, como la desigualdad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia. Por ello, es vital fortalecer los sistemas de registro y verificación de propiedades y aumentar la sensibilización pública. La tecnología puede jugar un papel crucial en la prevención del despojo, especialmente en la verificación de identidades y propiedades. Sin embargo, la corrupción y la falta de recursos a menudo impiden la aplicación efectiva de las leyes, destacando la necesidad de una reforma institucional y mayor transparencia.

Un marco legal robusto y efectivo, junto con campañas de concienciación para empoderar a los ciudadanos, son cruciales para combatir este flagelo. El despojo de propiedades no solo constituye un problema legal o económico; es un problema social y ético que afecta las bases de nuestra sociedad. Requiere de una respuesta moral y comprometida de todas las partes involucradas. Este fenómeno es también un síntoma de problemas más profundos, como la desigualdad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia. Abordar estos problemas subyacentes es esencial para erradicar el despojo.

Viendo hacia el futuro, es crucial que continuemos desarrollando nuevas estrategias y mejorando las ya existentes. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones, la promoción de la transparencia y la garantía de acceso a la justicia para todos. Este problema requiere de una respuesta colectiva. La solidaridad y la acción concertada de la sociedad en su conjunto son esenciales para abordar este desafío de manera efectiva. En última instancia, el despojo de propiedades en Ciudad de México y en todo el mundo es un reflejo de desafíos más amplios que enfrentamos como sociedad.

El incesante e impune negocio del despojo de propiedades en la Ciudad de México no sólo es un desafío para las autoridades, sino un espejo de las fallas sistémicas que deben ser corregidas. Como sociedad debemos tomar una postura más activa y consciente para luchar contra este flagelo. La batalla es ardua, ciertamente, pero con una visión clara y una acción decidida, es una batalla que se puede y se debe ganar.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM.