El pulso al INE

Desde el ángulo en el que nos situemos, seguramente coincidiremos en que el pulso que el gobierno federal ha tirado al INE por el tema de la revocación de mandato, constituye un ejercicio que pone en riesgo distintas conquistas que hemos alcanzado en nuestra incipiente democracia. El conflicto muestra distintas anomalías de un lado y otro.

Por una parte, llama poderosamente la atención que el gobierno federal adopte una posición tan activista de defensa de un derecho político en lo particular -que corresponde a la ciudadanía-, cuando frente al resto de derechos fundamentales, como la seguridad, la libertad de expresión, la salud, el empleo y la educación, por mencionar algunos, estamos en uno de los momentos de menor posibilidad para su ejercicio efectivo, por la actitud que frente a ellos ha asumido el gobierno. En realidad, tal y como éste ha actuado, pareciera que existe una apropiación de ese derecho con fines electorales, lo que desde luego significa un indebido uso de la prerrogativa. Los derechos no son de los poderes ni de las autoridades, mucho menos deben ser utilizados como insumos o monedas de cambio para lograr réditos electorales, esa visión patrimonialista de los DDHH pulveriza su eficacia y daña notablemente a la democracia en su vertiente sustantiva.

Por otra parte, si bien es adecuado que el INE defienda su institucionalidad, considero que se ha enganchado indebidamente, llevando la discusión al terreno de los medios de comunicación y a un debate político de tú a tú, como si fuera un órgano político, cobrando un protagonismo que es al menos dudoso para un órgano constitucional de Estado, cuando en realidad, su apuesta debería estar de lleno en el terreno de los órganos de control de constitucionalidad, esto es, su defensa debe ser exclusivamente por la vía constitucional e institucional ante la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del TEPJF –en el respectivo ámbito de sus competencias-.

En el fondo, este conflicto nos coloca ante un escenario delicado en el que están en riesgo logros relevantes alcanzados en materia político-electoral. Por primera vez en 200 años como país independiente, contamos con reglas del juego que permitieron la alternancia en todos los niveles de gobierno, incluida la presidencia de la República, posibilitando, además, que estos relevos se realicen en un marco de estabilidad política y paz social.

Hoy, nuestra democracia ha dado grandes avances, gracias a la lucha de sucesivas generaciones de mexicanas y mexicanos que abrazaron esta causa; de partidos de oposición y personas legisladoras que hicieron su trabajo con responsabilidad; pero, sobre todo, gracias a las instituciones electorales que con enormes esfuerzos construimos entre todas y todos.

Esto es ni más ni menos lo que está en juego, por lo que ambas caras del conflicto deben actuar con responsabilidad de Estado, pues sería fatal cualquier efecto regresivo en nuestra democracia causado por esta crisis institucional.