Este miércoles concluye la visita del alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, a nuestro país, en medio de reuniones con representantes de los tres niveles de gobierno, activistas y organizaciones sociales.
A la par, Amnistía Internacional (AI) emitió su más reciente informe, que tituló “Promesas en marcha, derechos en riesgo”, que emite un diagnóstico dentro de este primer año de gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
La lectura de ambas organizaciones vislumbra a un Estado mexicano con un amplio espectro de oportunidad para garantizar mejores condiciones de vida a los ciudadanos; coinciden, además, en que en las últimas dos décadas hemos enfrentado una espiral de violencia que se propagó cuando Felipe Calderón declaró una guerra a los grupos delincuenciales.
Desde 2006 y hasta nuestros días, las escenas de violencia han sido recurrentes y sistemáticas. Ejemplos sobran, pero aquí un puñado de ellos. El asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de Clara Brugada Molina, titular de la Jefatura de Gobierno capitalino; la misma suerte del entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.
Hace unos días, se ventiló el asesinato de la jóven Edith Guadalupe en un edificio ubicado en la avenida Revolución de la alcaldía Benito Juárez de la capital del país; y, hace unas horas, la agresión de Julio César Jasso a visitantes y turistas, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.
Estos ejemplos evidencian la necesidad de mantener sistemas de seguridad pública que logren garantizar la vida y la seguridad de las personas; y, a la par, sistemas de procuración de justicia con mayor sensibilidad, que trabajen convencidos en dignificar la atención social, con ética y profesionalismo, como características básicas e indispensables para ejercer el servicio público.
En este sentido AI, recuerda la reciente reforma al Poder Judicial; la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), o la militarización de la Guardia Nacional; como factores que han contribuido a generar una ausencia del Estado ante el reclamo ciudadano.
En paralelo, la misma organización internacional señala avances en la gobernanza pública. Resaltó la reducción de pobreza y el aumento del salario mínimo, elementos que ofrecen un contrapeso social que no debe ignorarse.
Quizá, es el momento de que Sheinbaum Pardo decida acelerar la cadencia a sus colaboradores más cercanos, e impulse acciones institucionales con apertura discursiva hacia derechos y equidad de las personas; para lograr --aún más-- mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
En este contexto, la participación social y del ejercicio libre del periodismo, se convierte en un insumo esencial, ya que la vigilancia pública es parte del equilibrio democrático. Tener y mantener una crítica constructiva, lograr escenarios que no se alcanzan a observar desde el atril del poder.
Pero no cabe duda que, el trato respetuoso de Sheinbaum Pardo a distintos sectores abre una ventana de diálogo que el país necesita. Esa disposición puede convertirse en un activo si se traduce en correcciones institucionales, como las que ahora proponen la ONU y AI.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017