El sexenio de la simulación

El 13 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaba y adicionaba la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Después de su proceso legislativo por Cámara de Diputadas y Senadoras, no sin reservas y críticas fundamentadas a la todavía iniciativa del ejecutivo, por parte de nosotras de la oposición, el oficialismo aprobó (como es costumbre) sin mover una coma el documento.

A esta Ley, la principal adición fue la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda, no obstante, al Centro se le daba el soplo de vida como Unidad administrativa. De hecho, esa fue una de las objeciones nuestra, ya que su forma terminaba siendo como un departamento administrativo sin independencia, ni -lo más importante- recursos propios.

Para nosotras las y los diputados federales como primera instancia legislativa de discusión y aprobación, estaba claro que una vez más se trataba de una iniciativa mediática un tanto ficticia y dolorosamente sin voluntad del Estado en atender el problema más triste y profundo de nuestro país: las desapariciones de vidas y cuerpos humanos.

El transitorio sexto de la iniciativa que después de su aprobación en el Senado por el oficialismo, se convirtió en decreto, balbucea en su texto que no habrá recursos adicionales para el Centro Nacional de Identificación Humana, sino que sus funciones se erogarían de la Administración Federal; sí, así de general y ambiguo el dictado que hacía que el Centro naciera muerto.

En menos de dos años de no funcionar el gobierno de la 4t decide desmantelarlo silenciosamente. Se intentó edificarlo en Morelos, sin embargo, la donación del terreno por parte del gobierno de la entidad no se concretó. El edificio ya se vació y la docena de trabajadores que queda no se sabe a dónde los trasladaron.

Este año electoral 2024 ya se cuenta tristemente con 114 mil personas desaparecidas. Contrario a la necesidad del país, a la responsabilidad del gobierno y al sufrimiento de los familiares, el ejecutivo ordenó desaparecer a los desaparecidos, afirmando que sus datos solo arrojan 12 mil. Despidiendo y acusando de infiltrada de la derecha a Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que había logrado hacer un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reconociendo la magnitud del problema; con todo esto,se confirmó que el ejecutivo tiene más intereses con los poderes de facto y en ganar elecciones que cumplir con la promesa con la que lucró electoralmente al no cumplirles a los familiares de la víctimas.