La relación entre el gobierno federal y la nueva integración de la Suprema Corte es difícil de leer. Por un lado, los nuevos ministros se asumen, a mucha honra, como simpatizantes del movimiento político en el poder. En algunos resbalones, así los califican también desde afuera otros actores morenistas, como el reclamo desganado de Ricardo Monreal, como de tío lejano y preocupón, de que lo de las camionetas estuvo mal, porque tiene que haber coherencia "entre los compañeros del movimiento". O sea que sí son ministros de un color, parece.
Por otro lado, no hay ni civilidad dentro de la propia corte, a veces por ignorancia insultante (como el argumento ad absurdum que se confundió con un calificativo personal), a veces por una exótica convicción justiciera que ve la ley como un estorbo (como la necedad de que la cosa juzgada no exista cuando a ojos de la ministra del pueblo no sea justa).
Creo que nada de esto refleja independencia ni madurez en la idea de separación de poderes. Más bien es un reflejo de que la reforma, toda, fue hecha al aventón y con la víscera, de alguien que ya ni gobierna, pero al que había que seguirle su guión hasta el último día. Lo que se ve es indisciplina y tribalismo, el mismo que opera en el poder legislativo y en los gobiernos locales. Aderezado con el desgaste, que ahí viene, de la farsa franciscana. Por eso lo de las famosas camionetas blindadas es ilustrativo.
El movimiento de AMLO se construyó alrededor del culto a su personalidad, no de una plataforma coherente. MORENA puede estar contra el neoliberalismo pero apoyar el T-MEC, abominar la inteligencia policial pero convertir la adjudicación directa y la militarización de obras en el sello del gasto público. Pero su líder tuvo mucho cuidado en conservar una imagen pública que, caricaturesca o no, le servía de blindaje para conservar la confianza de sus fieles. Por eso podía gastarse un billón de pesos en una obra irracional, pero sus zapatos estaban viejos y un poco sucios. Y por eso él pudo cultivar en el imaginario popular la confusión entre funcionario corrupto y gobierno rico (el Estado de Bienestar presupone un gobierno que no sea pobre, por cierto); entre pueblo pobre y población con estratos sociales de todas las clases.
La presidenta Sheinbaum, en su afán por alinear al Poder Judicial con los principios de la 4T, señala en conferencia la reducción salarial de los ministros: de 206 mil pesos netos mensuales en 2023-2024 a 134 mil en 2026, eliminando seguros privados, telefonía y otros lujos. Pero nada de eso se traduce, ni podría traducirse necesariamente, en mayor calidad de las sentencias. No importa que los ministros ahora se elijan por voto popular, no son representantes populares. La legitimidad democrática de las autoridades no termina en el voto, y muchas de ellas no proceden de voto popular. Si así fuera, acabaríamos votando hasta por jefes de departamento de la COFEPRIS, y no me quiero imaginar la cantidad de acordeones que veríamos, y las toneladas de dinero gastadas en campañas idiotas.
La legitimidad de algunas autoridades procede de reflejar o defender, con su trabajo y desde sus competencias, los principios y fines que persigue un sistema democrático, como, por ejemplo, el punto de equilibrio de alto desempeño de funcionarios profesionales, que están ahí por lo que saben hacer, no por la imagen que presenten a un electorado desgastado y caudillista. Pero ya, al carajo. Faltan algunos años de esta bazofia y ojalá se rectifique en alguna medida.
El personaje franciscano y populista, cuando vende esa imagen como prueba de su integridad pública, está condenado a fingir pobreza y hasta incomodidad, durante toda su vida. Como si utilizar dos horas de tiempo de un jefe de Estado en una sala de espera de Volaris o en una carretera sin cobertura celular no fuera una imbecilidad performativa, más que una muestra de cercanía con los problemas ciudadanos.
Por eso Noroña está atascado en la defensa de sus vacaciones en Europa; por eso comer en un restaurante con cubiertos limpios está mal visto "en el movimiento", y por eso los ministros pueden resolver asuntos de trascendencia nacional sin haber leído la constitución, pero no usar camionetas. Porque todos los que están, con sus payasadas previas, así lo decidieron.