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El tortuoso acceso a las videograbaciones

El tortuoso acceso a las videograbaciones

Columnas miércoles 22 de enero de 2020 - 01:40

La incidencia delictiva que afecta a los habitantes de la Ciudad de México puede tener en el Sistema Tecnológico de Videovigilancia (STV) una herramienta de gran apoyo para la prevención y persecución de los delitos, pero todavía tiene algunas limitantes que le impiden explotar todo su potencial para beneficio de la población y la actuación de las autoridades.
Una de ellas es el acceso a la información recabada con las más de 15 mil cámaras ubicadas en las calles y espacios públicos, pues al tratarse de información relacionada muchas veces con algún delito o falta administrativa, así como de los datos personales de las personas registradas en las grabaciones, no pueden usarse indiscriminadamente y sin controles, sino que deben estar resguardadas por autoridades competentes.
Además, la custodia de las videograbaciones tiene que garantizar su inalterabilidad, así como debe acreditarse su legal obtención o de lo contrario serán desestimadas como pruebas.
En el otro lado están las víctimas de robos y otros delitos que necesitan esas imágenes para defender sus intereses. En muchos casos solo quieren ver quién robó su automóvil, en su domicilio o a quienes lo asaltaron. Pero obtener esas imágenes no es sencillo, pero tampoco imposible.
Las cámaras son operadas por el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México) y su regulación se fundamenta en la “Ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública de la Ciudad de México”, mientras que el acceso a la información lo norma la ley de transparencia local.
¿Cómo puede tener acceso un ciudadano a esas imágenes? Lo primero que debe tener en cuenta es que solo las autoridades tienen acceso a las grabaciones. Eso obliga al afectado a denunciar el delito o los hechos ante la autoridad correspondiente, como el ministerio público.
Como las imágenes se conservan solo siete días (hay informaciones recientes de que los nuevos equipos las preservarán más tiempo) es importante que pida al ministerio público que solicite a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al C5 las videograbaciones, para lo cual debe informar la fecha, hora y lugar de los hechos.
Para impedir que los videos sean borrados antes de que el ministerio público los pida, se puede hacer una Solicitud de Información Pública a la SSC y al C5, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (plataformadetransparencia.org.mx) o del Infomexdf (infomexdf.org.mx).
Es importante aclarar que la Secretaría y el C5 negarán la entrega de los videos porque es información reservada por ley, pero el objetivo no es tener las videograbaciones por esa vía, sino alertarles de que serán requeridas por el ministerio público, y por lo tanto los preservarán. La solicitud es solo para ganar tiempo e impedir su borrado. Es un truco, pues.
Se trata de una acción sui géneris que debe hacer el ciudadano para lograr que los videos no sean borrados y lleguen al ministerio público, juez o cualquier otra autoridad competente. Pero éstas a su vez suelen tardar mucho en sus procesos y para cuando los requieren ya fueron borrados.
Por eso conviene revisar las normas (leyes, reglamentos y procedimientos) para facilitar que el ciudadano pueda beneficiarse de esas videograbaciones y colaborar con las autoridades en la prevención y persecusión del delito, sin que ello signifique vulnerar la capacidad de reacción del gobierno ni afectar derechos de terceros, pero tampoco tener que recurrir a extremos como hacer solicitudes de información que no prosperarán para obtener las imágenes que le ayudarán, sino tan sólo para que no se pierdan.
Convendría facilitar un trámite o procedimiento específico y bien regulado para estos casos.
(*) Especialista en transparencia y protección de datos.
@torresalex

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/CR

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