El “vengan por mí Cobardes” de Palenque

Columnas lunes 08 de junio de 2026 -

En los momentos de mayor tensión política, las palabras suelen adquirir un peso que trasciende el discurso ordinario. Las cartas públicas, los mensajes dirigidos a simpatizantes y adversarios, y las declaraciones pronunciadas desde el poder o desde la oposición se convierten en instrumentos capaces de moldear percepciones colectivas. En América Latina existe una larga tradición de liderazgos que han recurrido a una narrativa de confrontación frente a enemigos internos y externos, reales o percibidos. Bajo esa óptica, algunos observadores han encontrado similitudes entre ciertos mensajes recientes atribuidos al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y expresiones que en distintos momentos han caracterizado al gobierno de Nicolás Maduro.

La comparación surge principalmente por el tono de desafío que ambos liderazgos han empleado frente a las críticas provenientes del extranjero. En el caso venezolano, una de las frases más recordadas de Maduro fue aquella en la que desafió a sus adversarios con palabras que buscaban transmitir fortaleza política y disposición a resistir cualquier intento de presión: “Vengan por mí cobardes…”. Más allá de la simpatía o rechazo que dicha expresión pueda generar, lo cierto es que se convirtió en un símbolo de una estrategia comunicativa basada en la confrontación directa. El mensaje era claro: presentar al líder como el último bastión frente a fuerzas externas que supuestamente amenazaban la soberanía nacional.

Cuando un dirigente político adopta una narrativa semejante, el riesgo es que el debate público deje de centrarse en los hechos para concentrarse en las emociones. El discurso ya no gira alrededor de pruebas, instituciones o procedimientos legales, sino alrededor de lealtades, identidades y percepciones de amenaza. La política se transforma en una disputa entre “nosotros” y “ellos”, donde cada crítica es interpretada como un ataque existencial y cada cuestionamiento se presenta como parte de una conspiración.

Sin embargo, es indispensable distinguir entre la retórica política y la realidad jurídica. En los últimos años han circulado numerosas acusaciones, investigaciones periodísticas y señalamientos contra diversos actores públicos mexicanos, incluyendo a figuras como Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Beltrán, Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios de distintos niveles de gobierno. No obstante, en un Estado de derecho las responsabilidades penales no pueden presumirse ni declararse por anticipado. Sin embargo todo cambia, cuando juzgados de otro país, empiezan a interrogar testigos protegidos o aplicar otras medidas de protección para obtener dichas pruebas e incluso lleva a cabo peticiones de extradición, pues ya ha llevado medios preparatorios a juicio que conllevan a solicitar a México que le permitan juzgar a alguien que sus autoridades no han hecho.

Precisamente ahí radica uno de los desafíos más importantes para las democracias contemporáneas. La velocidad de la comunicación política suele superar con creces la velocidad de la justicia. Mientras un discurso puede difundirse a millones de personas en cuestión de minutos, una investigación seria puede requerir meses o incluso años. Esa diferencia temporal genera frustración en amplios sectores de la sociedad, especialmente cuando hay hechos que apuntan a claros actos de corrupción, abuso de poder o vínculos indebidos entre actores políticos y organizaciones criminales.

Y es que por la vía del derecho internacional, por la vía de las relaciones internacionales, las relaciones entre México y Estados Unidos se encuentran determinadas por tratados, mecanismos diplomáticos y principios de soberanía que limitan severamente cualquier escenario de intervención directa, pero también los tratados de extradición. Es con base en ese marco jurídico internacional que los gobiernos extranjeros pueden ejercer presión política, imponer sanciones o colaborar en investigaciones internacionales, cualquier acción extraordinaria tendría profundas implicaciones jurídicas y geopolíticas.

Por ello, los discursos recientes desde Palenque, fuera de abonar a dicha cooperación internacional, es una postura de desagrado con la aplicación de los mismos que está haciendo no cualquier nación, sino una de las más poderosas. Y lo único que se ve desde el interior del país, no es la defensa de la soberanía nacional y el respeto del estado de derecho; lo que Juan pueblo se da cuenta, es que los gobernantes y los que lo fueron, los de guinda lo que persiguen es firmar un pacto de impunidad que los defienda a todos ellos y a sus perversos aliados criminales.

Esa última carta desde “muy lejos”, puede resultar en un lenguaje de confrontación que suele producir consecuencias diplomáticas. Los gobiernos observan cuidadosamente los mensajes emitidos por líderes de relevancia nacional, especialmente cuando éstos conservan una influencia considerable sobre amplios sectores de la población. Cada declaración puede interpretarse como una señal sobre el rumbo político de un país, sobre su disposición a cooperar internacionalmente o no, y así convertirse en una amenaza enemiga.

La verdadera discusión, entonces, no debería centrarse en “defender la soberanía” ni anticiparse a operativos espectaculares ni escenarios de fuerza, sino en preguntarnos qué tipo de instituciones queremos fortalecer. Si existen sospechas fundadas contra cualquier funcionario, exfuncionario o actor político, la respuesta debe encontrarse en fiscalías independientes, tribunales imparciales, mecanismos de transparencia eficaces y una prensa libre capaz de investigar sin presiones. Esa es la ruta que distingue a una democracia constitucional de los sistemas donde la justicia termina subordinada a la voluntad del gobernante de turno. Una verdadera defensa de la soberanía empieza desde casa, el gobierno mexicano tiene que romper con el pacto de impunidad.

La historia latinoamericana demuestra que los discursos de desafío pueden movilizar simpatizantes, consolidar bases electorales e incluso alimentar mitologías políticas. Sin embargo, también demuestra que ninguna retórica, por poderosa que parezca, puede sustituir indefinidamente a las instituciones. Las naciones se fortalecen cuando las diferencias se procesan mediante la ley y no mediante la exaltación permanente del conflicto. En ese sentido, el debate sobre los mensajes de líderes actuales y pasados debería servir menos para alimentar expectativas de confrontación internacional y más para recordar una verdad fundamental: la legitimidad democrática no descansa en quién grita más fuerte, sino en quién está dispuesto a someterse plenamente al Estado de derecho.