Eliminar prisión preventiva podría generar mercadeo de abogados y jueces

Por: Claudia Bolaños

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, aseguro que eliminar la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos graves y dejar la decisión a jueces generaría actos de corrupción y mercadeo de abogados y jueces.

“Es importante mantenerla porque si se está al arbitrio de que, en cada detención por estos delitos, sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces”, dijo.

Durante la conferencia matutina del primer mandatario en Palacio Nacional, el subsecretario se sumó al rechazo de eliminar la prisión preventiva tal y como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde este miércoles, así como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos.

“Aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa, que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco”, indicó Mejía Berdeja.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, "es decir cuando se logra la vinculación por un delito de sus características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en eso momento la prisión opera de manera automática”.

De esta manera no quedaría la decisión de la prisión preventiva en manos de los jueces.

“De que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no esto pueda dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, incrementaría la peligrosidad inclusive para para los jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando su actividad criminal”, aseguró.