Columnas
Derivado de la Reforma política del año 2016 en la Ciudad de México, se eligió y dio forma a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, compuesta por cien Diputados, que a su vez tuvo la función práctica de elaborar la Constitución de la Ciudad de México.
Amigos y conocidos que participaron como diputados, a la fecha presumen la magna función y resultados de la Asamblea que se instituyó el 15 de septiembre de 2016. Sin duda, políticamente fue un avance, no obstante, me sigue pareciendo un tanto supravalorado.
Fue el principio de un esfuerzo que no alcanzó a satisfacer la necesidad jurídica de la Ciudad de México, principalmente, de las Alcaldías. Antes del 2016, los actos del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la CDMX eran prácticamente los mismos. El cambio de nombre al poder legislativo de Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la Ciudad de México lleva un tanto de retórica progre, pero desafortunadamente no más.
La naturaleza legal de las Alcaldías no cambió y su importancia y función no creció después de la Constitución de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017. Los Diputados de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad, tenían la alta encomienda de llevar a la Cámara Federal una iniciativa constitucional que modificara el artículo 122, de ahí deviene la Constitución de la CDMX, pero no lo hicieron.
En la Ciudad de México no hay gobernador, sino jefe de gobierno, y las Alcaldías son sólo órganos político administrativos; las Alcaldías requieren la definición legal de municipios y la CDMX, aún como capital de la República, merece ser tratada jurídicamente como entidad federativa.
Los Alcaldes no gobiernan, sino administran, y eso equivale, entre otras cosas, que las Alcaldías no pueden hacerse de contribuciones, mientras los municipios sí. Más aún, los municipios reciben aportaciones federales, además de las locales; las Alcaldías como órganos administrativos, únicamente del Congreso local.
Dicho lo anterior, y puesto que el poder judicial no hace gala de división de poderes en la CDMX, el Congreso de la Ciudad debiera representar el auténtico contrapeso para que no exista un monopolio del poder político, y en consecuencia de la cartera pública, dada la condición de las alcaldías.
En el artículo 122 constitucional, fracción V, primer párrafo, se lee que la CDMX tienen una administración centralizada y paraestatal; lo anterior no limita a que existan organismos autónomos, sin embargo, el Organismo Público Local Electoral, llamado pomposamente Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya tomó partido, y se replegó al poder máximo que arrojaron las urnas el pasado próximo 2 de junio.
El OPLE, entrándole a la alquimia poselectoral, recibió y dio por buena la solicitud de siete diputados, léase, Juan Rubio Guelito, Víctor Varela López, Alejandro Carbajal González, Ivón Sánchez Chávez, María del Rosario Morales, Gerardo Villanueva Albarrán e Israel Moreno Rivera, que argumentaban en un escritoexactamente igual (ni ganas les dio de variedad sintáctica, ni muestra de dominio del lenguaje), que ellos no habían sido siglados por el partido morena. Basta con revisar las redes sociales, verbi gratia, de Israel Moreno, que a la fecha sus publicaciones atestiguan su imagen, ataviado de colores e insignias del partido morena.
Si en el convenio de coalición, realmente estuvieron siglados por otro partido como argumentan sus escritos, la gente que votó por ellos no lo sabía, ya que no hubo una sola propaganda que sostenga fueron candidatos por el Verde o PT, como lo reclaman; votaron por ellos por ser de morena, entonces la necesidad de la alquimia.
Así, el partido oficial tendría menos diputados de mayoría relativa, y así, le pueden otorgar más plurinominales. Se puede inferir que la línea de mando al OPLE, viene de lo más encumbrado; una de las beneficiarias directas de que morena obtenga más plurinominales, después del escrito “aclaratorio” es mi estimada Valentina Batres. El OPLE votó con disciplina, al avalar las solicitudes y hacerles el cambio de partido como ganadores de mayoría relativa, con la salvedad de lasConsejeras rebeldes Carolina del Ángel Cruz y Erika Estrada. No obstante, la mayoría manda, los argumentos legales y de naturaleza democrática no son lo principal, la mayoría manda.
Como en las dos legislaturas locales que han transcurrido, los diputados de oposición caminan con cautela y sin hacer mucho ruido, para no enturbiar una posible comunicación con quien manda en la administración centralizada y paraestatal del gobierno de la CDMX; creo será la misma conducta en el tercer Congreso local.
Morena quedaría con 31 diputados en la III Legislatura; con sus aliados, Verde y el PT, alcanzan 43 curules, con un diputado más alcanzarían la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los 66 diputados que componen el Congreso local. Asumamos que los alcaldes son brazos administradores de la jefatura de gobierno, que el poder legislativo está monopolizado y disminuido, asumamos que la oposición al gobierno saliente y entrante, del color que gusten, vive su banquete de mendigos, parafraseando a los Stones, autoextinguiéndose a navaja limpia por apropiarse de las migajas del erario que quedaron después del 2 de junio del corriente. Asumamos que los poderes en la CDMX no son contrabalanza; menos aún con el acompañamiento del OPLE al partido mayoritario.
PS. La formación, la ilustración y la educación en la CDMX ya no da paraciudadanos con causas hacia la entera ciudad. La inmediatez y la futilidad de la hiper realidad de las redes sociales, parece no permiten construir proyectos de democráticos de ciudadanos para los ciudadanos. Esperemos un milagro…