En el nombre del pueblo: la justicia

La justicia en nombre del pueblo es una vieja fórmula utilizada en la Alemania nazi, que buscaba su politización y la criminalización de todo disenso con el régimen político. La historia nos mostró que el nazismo detestaba el derecho y a los jueces, prueba de ello es que ya desde 1930 -antes de llegar al poder-, frente a una sentencia en la cual un tribunal resolvió en contra de algunos miembros del Partido Nazi, Hitler declaró: Podemos asegurarles que, si el nacionalsocialismo llega al poder -los jueces- van a ser despedidos sin pensión.

En marzo de 1933, el Parlamento alemán aprobó la Ley de Plenos Poderes, que facultó a Hitler a expedir decretos con fuerza de ley, al tiempo que la administración de la justicia fue concentrada en el Ministerio de Justicia del Tercer Reich. La reforma limitó las instancias y vías para conocer determinado tipo de casos, para poder apelar; además, se instituyeron tribunales extraordinarios para conocer de casos políticos.

El Ministerio de Justicia tomó el control sobre los juzgados, sancionando y removiendo a quienes dictaran sentencias contrarias a la conciencia del pueblo. A pesar de la sumisión de la mayoría de los juzgadores al régimen nazi, en 1942, Hitler expresó nuevamente su desprecio a la justicia y el derecho, en el discurso que pronunció frente al Parlamento, con motivo de la derrota de las tropas del Este en el sur de Rusia, señalando que: “Espero que la profesión jurídica alemana entienda que la Nación no está aquí para ellos, sino que ellos están aquí para la Nación; esto es, el mundo, que incluye a Alemania, no se debe declinar para que la ley formal viva, sino que Alemania debe vivir, independientemente de las contradicciones de la justicia formal. De ahora en adelante, intervendré en los casos que estime injustamente resueltos y removeré de su puesto a aquellos jueces que evidentemente no entiendan las exigencias del momento”.

La justicia en Alemania sufrió los estragos del autoritarismo heredado de la época imperial y del deseo de venganza se había generado desde la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Desde el régimen nazi, el derecho y en particular el sistema de justicia fueron empleados para ejercer un poder absoluto que buscaba la legitimación moral y social de la época.

Este abominable sistema de justicia legitimó el Holocasto, por lo que al final de la Segunda Guerra Mundial, el propio sistema fue llevado a los juicios de Nüremberg, quedando asignado como el caso número 3, mejor conocido como: El caso de los jueces, a través del cual se juzgaron a 16 jueces y juristas nazis que le dieron sustentabilidad a todo el sistema jurídico de la época.

Ese sistema jurídico autorizó el asesinato de millones de personas inocentes por su sola razón de pertenencia a un grupo, así como la persecución y pérdida de la libertad de aquellas personas que pensaban distinto a la ideología nazi. Todo esto fue posible porque Hitler sostuvo que la justicia solamente podía dictarse en nombre y a voluntad del pueblo.

Obiter dicta.

Estamos cerca de que en México se instaure un sistema de justicia en nombre y a voluntad del pueblo, nuestra situación como sociedad y país será de pronóstico reservado.