*Escuelas de Tiempo Completo. Su cancelación atenta contra la niñez*

*Rocío Barrera Badillo*

*Ex diputada federal; asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM*

Al cancelar –sin haber realizado previamente una consulta, revisión o análisis–, el programa Escuelas de Tiempo Completo, el gobierno federal mantiene la tendencia de aplicar medidas polémicas y regresivas, que atentan contra los derechos de los grupos más vulnerables.

La medida que en teoría fue tomada para supuestamente priorizar el presupuesto en el mantenimiento de los planteles, afectará la educación y alimentación de más de 3.6 millones de estudiantes. Los padres de familia, partidos de oposición y organizaciones civiles consideran que con esta decisión el gobierno está renunciado a su obligación de velar por el interés superior de la niñez.

Como sucedió al inició del actual gobierno –cuando se anunció la eliminación de las estancias infantiles y el retiro de los recursos a los refugios para víctimas de maltrato–, las críticas y presiones se han multiplicado por la obsesión del gobierno de aplicar medidas que violan el derecho a una vida digna y a un sano desarrollo.

Esta determinación llevó al menos a 14 entidades a tomar la iniciativa de financiarlo con recursos propios. Las autoridades de esos estados coincidieron en que no dejarán a miles de beneficiarios sin educación, alimentación y asesoría académica, por lo que asumirán el gasto o revisarán sus finanzas para saber el porcentaje de apoyo que podrán sostener.

Incluso, gobernantes surgidos de las filas de Morena –como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa–, han decidido mantener con recursos estatales el programa Escuelas de Tiempo Completo que este año cumpliría 15 años y fue puesto en marcha durante el sexenio de Felipe Calderón.

Los morenistas saben que no pueden cancelar todos los programas impulsados por gobiernos del PAN y del PRI, porque en muchos de los casos irían en contra de los derechos consagrados en la Constitución, además de que ese tipo de decisiones arbitrarias tendrían costos políticos directos para su partido.

Datos oficiales revelan que los 27 mil planteles contemplados en el programa, proporcionaban alimento a 1.4 millones de estudiantes. Por eso es importante resaltar que 12 de cada cien menores atendidos fueron diagnosticados con desnutrición crónica y 11 con talla baja.

El 74.3 por ciento de las escuelas de tiempo completo se encuentran ubicadas en regiones de marginación alta; el 87.3 por ciento están en el ámbito rural y una de cada 5 son escuelas indígenas, lo que significa que estos planteles son indispensables para el sano desarrollo de la niñez. La cancelación de este proyecto también afectará de manera importante la economía de las madres de familia, maestras, maestros y directivos que verán mermados sus ingresos.

La Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM), ha documentado que la escuela es un espacio de protección y seguridad para las niñas, niños y adolescentes que sufren abandono, violencia y cualquier cantidad de abusos y violaciones a los que están expuestos en la calle.

De acuerdo a investigaciones realizadas por World Vision México hay familias que asignan a las niñas trabajos o tareas del hogar que deberían realizar los padres, como la preparación de alimentos o el cuidado de sus hermanas y hermanos.

Para la organización Mexicanos Primero la eliminación del sistema Escuelas de Tiempo Completo muestra un desprecio a los derechos de niñas, niños y adolescentes y un desacato a una sentencia judicial.

Es importante mencionar que, durante 2018, se hizo una evaluación del servicio de alimentación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en el que tanto alumnas y alumnos encuestados señalaron que lo que comían en la escuela, representaba el primer alimento que consumían en el día.

No se descarta que el caso pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que organizaciones civiles ya preparan un amparo contra la eliminación del programa puesto que con anterioridad el Poder Judicial había emitido una sentencia a favor de mantenerlo vigente.

La escuela, como todos sabemos tiene una función social, y debe responder a las necesidades más apremiantes de las familias. Por eso vale la pena recalcar que la jornada ampliada no solo debe reducir los niveles de deserción escolar, sino ayudar a la actualización y capacitación docente.

La apuesta de las autoridades y el Poder Legislativo debería ser la universalidad del programa Escuelas de Tiempo Completo, para ofrecer una educación de calidad y evitar con las clases extracurriculares que los niños estén más horas solos en su casa, desnutridos y expuestos a caer en depresión y consumo de drogas o alcohol.