Claudia Bolaños
La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunciaron acciones legales contra jueces federales del estado de Jalisco por la excesiva demora en la programación de audiencias iniciales en casos de fraude fiscal. Se acusa a los jueces de retrasar deliberadamente la imputación de responsables de un daño al erario público superior a 422 millones de pesos.
La FGR denuncia que, a pesar de las solicitudes de audiencias, los jueces del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco las han programado hasta un año después de la solicitud, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un plazo de 15 días. Esta dilación, según la FGR, causa un daño irreparable al patrimonio público federal.
Un caso específico citado por la FGR ilustra la problemática: una solicitud de audiencia inicial para febrero de 2025 fue programada para febrero de 2026. Este patrón se repite en al menos 23 ocasiones, lo que, según la FGR, constituye un delito contra la administración de justicia por parte del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande. La institución argumenta que esta obstrucción judicial impide la recuperación de los más de 422 millones de pesos defraudados. La FGR y sus aliados exigen una respuesta inmediata y el cumplimiento de los plazos legales para asegurar la justicia pronta y expedita.