La Fiscalía General de la República inició una investigación sobre un posible entramado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos que involucraría al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través del despacho familiar Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. De acuerdo con la indagatoria, el mecanismo habría servido para captar fondos del erario estatal y beneficiar a su círculo cercano.
El despacho estaría bajo control de su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal y su padre Samuel Orlando García Mascorro, quienes figuran como principales accionistas. Según la acusación, desde ahí se recibían transferencias provenientes de contratos públicos y pagos realizados por dependencias estatales.
Entre los movimientos señalados se encuentra un pago superior a 964 millones de pesos a Suministro MYR, que posteriormente transfirió recursos a Proveedor de Productos Mexicanos JACE, de donde más de 203 millones habrían terminado en el despacho familiar. Otro caso involucra a Txat Latam, que recibió más de 243 millones de pesos y, tras una triangulación, casi 63 millones llegaron a la misma firma jurídica.
La operación más relevante habría sido realizada por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, que pagó más de 5,851 millones de pesos a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León. Parte de esos recursos fueron canalizados a Corporación Transnacional de Inversiones, desde donde se habrían enviado más de mil millones de pesos al despacho, incluyendo una entrega en efectivo y otra mediante un terreno en San Pedro Garza García.
También se mencionan recursos vinculados al Acueducto El Cuchillo y al sistema de manejo de desechos, que habrían seguido rutas similares hasta llegar al mismo despacho. Posteriormente, el dinero fue dispersado a Saga Tierras y Bienes Inmuebles por más de mil millones de pesos y enviado a distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, presuntamente para ocultar su origen.