Fentanilo, migración y armas

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y de las agencias encargadas del combate al narcotráfico, México sigue siendo -según el dicho del presidente Gustavo Díaz Ordaz-, el trampolín de la enorme alberca que es el mercado americano de las drogas. La legalización de la marihuana en algunos estados de la Unión Americana no ha sido suficiente para controlar las adiciones ni frenado la fuerte distribución de cocaína a través de los cárteles mexicanos que desplazaron a los barones de la droga colombianos y se empoderan aún más con la comercialización de las drogas sintéticas como el fentanilo, narcótico barato y 50 veces más potente y adictivo que la heroína.

Informes gubernamentales señalan que las autoridades gringas han incautado 4.5 toneladas de fentanilo en polvo y 50.6 millones de comprimidos falsos con receta médica que contenían la droga sintética; todo ello equivale a 379 millones de dosis potencialmente letales, número superior a toda la población norteamericana.

Por eso una de las mayores preocupaciones, no solo de seguridad interior, sino de salud pública, de Joe Biden es evitar el comercio ilícito de ese narcótico y presionar al régimen de la 4T para que endurezca su ataque contra las mafias locales y frene el tráfico del precursor químico causante de más de cien mil muertes por sobredosis y que cruza una porosa frontera llena de corrupción y complicidades de ambos lados. La detención de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, uno de los lidercillos de “Los Chapitos”, señalado como el principal -no necesariamente-, introductor del fentanilo a los Estados Unidos aquietó a los vecinos del norte. Independientemente de que sean ciertas o no las versiones de que hubo una presión especial y hasta una “ayuda” de inteligencia en el operativo de captura del “chapito”, fue evidente el interés marcado de la Casa Blanca en la guerra contra el fentanilo, mucho más que con la política migratoria, donde ya había doblado a México con la aceptación de 30 mil indocumentados deportados al mes y solo con la promesa de construir un centro de atención o albergue en Tapachula para frenar la ola de trashumantes.

Es iluso suponer que realmente colaborarán con la propuesta de apoyar económicamente los programas sociales que propone el presidente para fomentar el desarrollo en la región, si México no ha podido retener a sus propios migrantes. Por cierto, el reclutamiento de niños sicarios -como se observó en la respuesta violenta cuando se aprehendió a Ovidio Guzmán-, no se ha detenido con las becas de “jóvenes construyendo el futuro”. El mandatario demócrata tampoco se entusiasmó con el sueño bolivariano de la famosa integración latinoamericana; ellos vienen por inversiones y no ayudarán más allá de lo que destinan en apoyos a todo el mundo. Al imperialismo solo le interesa mantener las políticas de Roosevelt, el Big Stick, o la de Kennedy, la Alianza para el Progreso, en una edición más moderna.

La máxima preocupación de los gringos es el fentanilo, más allá de la captura de Ovidio, la cual fue un buen principio, pero demandan una política pública mexicana que haga frente al narcotráfico. Ellos buscan sellar la frontera y están dispuestos a intercambiar información para la destrucción de laboratorios y el desmembramiento de células criminales.

México demanda, por su parte, desalentar el tráfico ilícito de armas que tanta violencia genera en el país, pero hay muy pocas posibilidades de que prosperen las negociaciones, ya que la administración norteamericana no atentará contra un derecho ciudadano consagrado en una enmienda y no irá contra las armeras ni la Asociación Nacional del Rifle, quienes financian campañas presidenciales. Los jueces tampoco muestran mucha voluntad.

Esperemos que en los acuerdos consensuados en privado, más allá de los comunicados oficiales, México haya alcanzado objetivos que favorezcan a la población y no solo haya hecho una defensa chauvinista de la soberanía nacional.