No enteramos por la prensa, con enorme anticipación, que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá con los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, a fin de acordar el calendario preliminar para abordar en Parlamento Abierto la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal.
Las veces que ha habido parlamento abierto este sexenio ha sido una simulación. Se recuerda especialmente el caso de la Guardia Nacional y los Fideicomisos, donde la mayoría legislativa pasó la iniciativa presidencial sin cambiar ni una coma y desoyendo todas las opiniones expresadas en el parlamento.
La diferencia es que este parlamento se llevará a cabo sin que el partido del presidente tenga mayoría calificada en la cámara de diputados. En ese sentido, reitero que la reforma eléctrica puede ser más bien un acto simbólico de AMLO que una prioridad legislativa, al menos en los términos en los que está planteada, con las cancelaciones retroactivas de permisos y similares.
No puedo evitar recordar que durante los 3 primeros años las quejas contra el sistema eléctrico nacional establecido en la legislación vigente, fueron las mismas que ahora, y el gobierno federal tuvo un discurso firme pero una estrategia deliberadamente ineficaz para cambiarlo. Empezó con un acuerdo de la SENER, que cualquier abogado de medio pelo podía prever sería revocado en tribunales federales. Siguió con una modificación a la ley sin modificar la constitución; insisto, todo esto cuando sí contaba con la mayoría calificada. En cuanto pierde la mayoría en las elecciones intermedias, anuncia sus reformas (estas sí) más controvertidas a la constitución; la militarización de la Guardia Nacional y la reversión del cuasi monopolio eléctrico a la CFE. A esto se añade la opinión de las calificadoras de “qué bueno que no va a pasar la reforma para que la calificación se mantenga estable”.
Lo anterior hace pensar que quizás no es la contra reforma eléctrica lo que más le interesa al presidente, aunque parezca que sí. En el mismo sentido, el día lunes salió publicado un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que el ejecutivo federal instruye a las dependencias de la propia administración pública federal, sus subalternos, a dar autorizaciones provisionales.
Una circular masiva y glorificada, que generó las reacciones ya esperables en los “expertos”, desde la ruptura del pacto constitucional hasta lo que ustedes quieran. Por un acuerdo administrativo que es plenamente revisable judicialmente si alguien tiene interés jurídico, y que tiene como destinatarios, únicamente, a funcionarios sobre los que ya tiene poder de mando el presidente. Y no, algo no se vuelve de seguridad nacional porque un acto administrativo lo diga, también tiene que cumplir con el principio de legalidad. Pero como siempre, todos hablan de eso mientras el presidente hace quién sabe qué otra cosa que sí le importa. Ya nos enteraremos.